29J · Programa del PSOE · 2023—2026

Las mentiras
de Sánchez

275 promesas del programa electoral del 23J, pasadas por la hemeroteca. Sin opiniones: cada ficha lleva la cita, la explicación y el enlace que sostiene el veredicto.

El expediente

Busca, filtra y abre las fuentes

275 propuestas

#001En parte

Economía · P. 24

Continuar la consolidación fiscal reduciendo el déficit estructural y luchando contra el fraude y la economía sumergida, sin aumentar con carácter general los impuestos

El déficit cerró 2025 en el 2,18% del PIB (2,4% con la DANA), por debajo del objetivo del 2,5%, y la AEAT elevó a 18.928 millones los resultados de control del fraude. Sin embargo, la AIReF prevé que el déficit de 2026 suba al 2,8%, por encima del 2,1% comprometido, y que el gasto primario crezca 2,5 puntos más de lo pactado hasta 2028. La consolidación fiscal se cumplió en 2025 pero se desvía en el cierre de la legislatura; no se aprobó una subida general de tipos.

Confianza Media · 4 fuentesVer expediente
#002Cumplida

Economía · P. 24

Potenciar la financiación verde mediante un Libro Verde de Financiación Sostenible elaborado con agentes sociales y sector financiero

El Gobierno aprobó el 28-11-2024 el Libro Verde sobre Finanzas Sostenibles en España, tras consulta pública, con acciones como el sandbox de sostenibilidad, guías sectoriales, la lista positiva ICO-Verde y un Consejo de Finanzas Sostenibles. El documento se elaboró con el Ministerio para la Transición Ecológica y los supervisores, y el Consejo previsto integra a sector financiero, empresas y expertos.

Confianza Alta · 3 fuentesVer expediente
#005En parte

Economía · P. 31

Crear una plataforma digital pública de factura electrónica para autónomos y pymes

La solución pública de facturación electrónica quedó regulada por la Orden HAC/1028/2026, de 2 de octubre, que fija su funcionamiento y su interconexión con las plataformas privadas. Sin embargo, la plataforma no está operativa: debe estar disponible al menos dos meses antes de octubre de 2027, cuando empieza la obligación para las empresas de más de 8 millones de euros. La promesa queda en desarrollo, no completada en la legislatura.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#010En parte

Economía · P. 38

Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal y refuerzo de recursos y plantilla de la Agencia Tributaria

La ministra Montero anunció en enero de 2024 su intención de promover un pacto de Estado contra el fraude, pero no consta que se firmara ni que se llevara al Congreso. La AEAT sí intensificó el control: 18.928 millones de recaudación vinculada a la lucha contra el fraude en 2024 y 2.581 actuaciones contra la economía sumergida. No se ha verificado un refuerzo neto de plantilla.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#011Cumplida

Economía · P. 39

Evaluar la prórroga y ajustes de los gravámenes temporales sobre banca y energéticas

El Gobierno evaluó y reconfiguró los gravámenes: el de la banca se sustituyó por un impuesto nuevo sobre el margen de intereses y comisiones (Ley 7/2024), con vigencia de tres ejercicios, mientras que el gravamen energético temporal no se prorrogó y quedó derogado. El Ejecutivo intentó crear un gravamen energético para 2025 mediante el RDL 10/2024, pero el Congreso no lo convalidó. En 2024 ambos gravámenes recaudaron 2.859 millones (1.695 de banca y 1.164 de energéticas).

Confianza Media · 3 fuentesVer expediente
#012En parte

Economía · P. 39

Avanzar en fiscalidad verde bajo el principio «quien contamina paga» con medidas compensatorias

Los impuestos ambientales alcanzaron 27.710 millones en 2025, un 7,5% más, pero su peso sobre el total de impuestos bajó del 6,8% al 6,6%. Los hogares soportaron el 42,4% del total: pagaron el 72,6% de los impuestos sobre el transporte y el 42,0% de los de la energía. No se ha verificado una reforma verde integral ni un paquete claro de medidas compensatorias.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#015En parte

Economía · P. 44

Aprobar una Estrategia de Turismo LGTBI

El Ministerio de Industria y Turismo y Queer Destinations lanzaron en FITUR 2025 el proyecto 'España LGTBI', presentado como la primera estrategia turística LGTBI+ de España y financiado con más de 700.000 euros de fondos Next Generation; incluye una guía de experiencias y la participación de empresas y asociaciones del sector. Sin embargo, no consta una estrategia formalmente aprobada por el Gobierno con las comunidades autónomas, sino un proyecto público-privado dentro del Plan de Modernización y Sostenibilidad del Turismo.

Confianza Media · 3 fuentesVer expediente
#018No cumplida

Economía · P. 50

Crear una Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI)

La RECAPI se anunció como un instrumento que crearía la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, pero esa ley no se aprobó. En septiembre de 2026 el secretario de Estado de Industria seguía diciendo que había que 'formalizarlo', tras haber 'probado' el mecanismo; solo existe el diseño y la hoja de ruta, no la reserva creada.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#019Cumplida

Economía · P. 55

Convocar ayudas en forma de bonos de 25.000 a 29.000 euros para digitalizar pymes de más de 50 trabajadores y continuar el Kit Digital

Red.es convocó en diciembre de 2024 bonos de 25.000 euros para empresas de 50 a 99 empleados y de 29.000 euros para las de 100 a 249, con 350 millones de presupuesto y plazo hasta junio de 2025. La convocatoria se publicó en el BOE y ejecuta exactamente la promesa de extender el Kit Digital a partir de 50 trabajadores.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#021En parte

Economía · P. 59

Marco regulatorio Open Data para acceso a datos de las Administraciones Públicas

El marco legal de datos abiertos ya existe (Ley 37/2007, que transpone la Directiva 2019/1024) y el Gobierno reforzó su política con la Carta Internacional de Datos Abiertos y el V Plan de Gobierno Abierto 2025-2029. Pero este plan solo 'propone crear un marco normativo' de gobernanza del dato y no consta que se aprobara una nueva ley de Open Data en la legislatura.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#022En parte

Economía · P. 59

Crear la infraestructura Salas Blancas España para semiconductores y microelectrónica

El Gobierno destinó más de 11 millones de euros a la red MICRONANOFABS (tres nodos de salas blancas en Barcelona, Valencia y Madrid) y financió nuevos centros de I+D de chips. No consta la creación de 'Salas Blancas España' como nueva infraestructura de país; se reforzó la red existente, de instalaciones de I+D y series cortas, no una fábrica de escala.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#024En parte

Economía · P. 67

Sistema de monitorización de mercados de principales productos agrarios publicado en la web del Ministerio

El MAPA publica semanalmente el Sistema de Información de Precios en Origen-Mayorista, con 34 productos, pero solo cubre precios en origen y mayorista. El propio Observatorio de la Cadena Alimentaria reconoce que los precios en destino se dejaron de suministrar en enero de 2019 por falta de homogeneidad, y no consta que el sistema integre costes, márgenes, volumen ni comercio exterior.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#028En parte

Economía · P. 96

Fondo de impacto social para emprendimiento de mujeres dotado con 400 millones de la adenda al Plan de Recuperación

El Fondo de Impacto Social (FIS) se creó en junio de 2024 con 400 millones de euros de la adenda del PRTR y contempla el apoyo al emprendimiento de las mujeres entre sus ámbitos, pero no es un fondo dedicado en exclusiva a ellas: su objeto es más amplio (impacto social y medioambiental). En octubre de 2025 concedió 1,2 millones a Treball Solidari para microcréditos a mujeres migrantes. El instrumento y la dotación existen; la especialización en emprendimiento femenino solo es parcial.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#029Cumplida

Economía · P. 97

Apoyo de más de 210 millones de euros al año al relevo generacional en explotaciones agrarias

El Gobierno cifra en 220 millones de euros anuales las ayudas de la PAC 2023-2027 para la instalación de nuevos agricultores y ganaderos, por encima del umbral de 210 millones. La financiación se articula mediante pagos específicos de la PAC y líneas complementarias como ICO-MAPA-SAECA. El número de jóvenes incorporados sigue siendo bajo (menos del 9% de los titulares tiene menos de 40 años), pero la promesa era de dotación presupuestaria, no de resultado.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#031En parte

Economía · P. 119

Nuevo modelo de financiación de la investigación más flexible y menos burocrático

El Ministerio de Ciencia puso en marcha en diciembre de 2023 el programa piloto "Fortalece", con 30 millones de euros para 72 grupos de 12 institutos de investigación sanitaria y 100.000 euros anuales por grupo durante cuatro años. El modelo incorpora financiación anticipada y simplificación administrativa, pero solo cubre la primera fase y un colectivo limitado; el objetivo declarado era extenderlo hasta 700 millones anuales en una década.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#032En parte

Economía · P. 119

Impulsar la primera Ley del Espacio y acelerar el despliegue de la Agencia Espacial Española

La Agencia Espacial Española comenzó a operar desde Sevilla en 2023 y en 2026 sigue activa, con sede y proyectos en marcha. Sin embargo, la primera Ley del Espacio seguía bloqueada en junio de 2025 y no consta que se aprobara antes de la disolución de las Cortes; el anteproyecto seguía en fase de elaboración. El despliegue institucional se cumplió, pero la ley no.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#033No cumplida

Economía · P. 125

Equiparar las deducciones a artes escénicas y música con las del cine y las series

La deducción por producción y exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales sigue siendo del 20%, mientras que la de producciones cinematográficas y series es del 30% sobre el primer millón y del 25% sobre el exceso. No se aprobó ninguna norma que igualara ambos regímenes; la diferencia persiste en los manuales de la Agencia Tributaria de 2025 y 2026.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#034Sin corroborar

Economía · P. 125

Crear fondos de inversión especializados en activos culturales y fomentar colaboración público-privada

No se localizó ningún fondo de inversión especializado en activos culturales creado por el Gobierno o con participación pública. Lo más cercano es el programa ICO Crecimiento Audiovisual, activado en octubre de 2026 con 300 millones, pero es una línea de préstamos para pymes culturales, no un fondo de inversión en activos culturales. La propuesta aparece en el programa y en la prensa de campaña, sin desarrollo posterior verificable.

Confianza Baja · 2 fuentesVer expediente
#035Cumplida

Economía · P. 126

Aumentar la producción audiovisual un 30% con el programa España Hub Audiovisual y fondos Next Generation EU

El tercer informe anual del Spain Audiovisual Hub concluye que la meta de aumentar un 30% la producción hasta 2025 se superó ampliamente: en 2024 se produjeron 376 largometrajes, un 69,37% más que los 222 de 2020. En 2025 la producción subió a 463 largometrajes, un 23% más que en 2024, y España lideró la producción europea. El programa se financió con el Plan de Recuperación y el Hub Audiovisual, y el propio informe lo vincula al objetivo; el indicador utilizado son largometrajes producidos, no el volumen total de producción audiovisual.

Confianza Alta · 3 fuentesVer expediente
#036Sin corroborar

Economía · P. 162

Normativa marco sobre niveles mínimos de ingresos para mayores de 18 años

No se localizó una norma marco que garantice niveles mínimos de ingresos a todas las personas mayores de 18 años. El Ingreso Mínimo Vital sigue siendo una prestación condicionada a la vulnerabilidad económica y el Real Decreto 240/2026 solo reforma el incentivo al empleo de sus beneficiarios; las rentas mínimas autonómicas siguen fragmentadas. La propuesta es lo bastante amplia como para no poder confirmar ni descartar su cumplimiento con un hecho concreto.

Confianza Baja · 2 fuentesVer expediente
#037No cumplida

Economía · P. 182

Universalizar la desgravación por hijo/a a cargo en el IRPF para familias que hoy no pueden acogerse a ella

La deducción por maternidad, la desgravación por hijo pequeño que exige empleo o cotización, sigue reservada a mujeres con hijos menores de tres años que en el momento del nacimiento perciben una prestación de desempleo o están dadas de alta en la Seguridad Social o mutualidad. No se aprobó la universalización para familias sin trabajo o sin cotización; el proyecto de Ley de Familias, que tramitaba medidas de apoyo a las familias, decayó con la disolución de las Cortes en octubre de 2026 sin superar la fase de enmiendas.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#038En parte

Economía · P. 203

Aplicar IVA superreducido a alimentos sin gluten o dar ayudas directas a celíacos

En febrero de 2025 Hacienda rebajó el IVA del pan sin gluten del 10% al 4%, pero la medida se limitó al pan especial y no se extendió al conjunto de alimentos sin gluten ni se crearon ayudas directas periódicas. La Federación de Asociaciones de Celíacos de España la calificó de "positiva pero insuficiente" y cifró en unos 1.000 euros anuales el sobrecoste de la cesta sin gluten. El cambio, además, respondió a una sentencia del Tribunal Supremo, no a un plan específico de apoyo.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#039No cumplida

Economía · P. 254

Equiparar el régimen fiscal de las confesiones religiosas al de las entidades sin ánimo de lucro

La equiparación se incluyó mediante una enmienda en la tramitación de la reforma de la Ley de Mecenazgo en abril de 2023, pero ese texto decayó con la convocatoria electoral. El Gobierno aprobó la reforma por Real Decreto-ley en diciembre de 2023 y dejó fuera la equiparación fiscal de las confesiones religiosas, que no se recuperó después.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#042En parte

Empleo y pensiones · P. 25

Profundizar en la creación de fondos de pensiones de empleo como segundo pilar de protección

Los planes de empleo simplificados crecieron con fuerza: 1.270.361 partícipes y 1.042 millones de euros en activos a septiembre de 2026, con un 120% más de aportaciones. Pero el fondo público de promoción pública seguía sin un solo euro en noviembre de 2025, de modo que el segundo pilar avanzó solo por la vía simplificada.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#046No cumplida

Empleo y pensiones · P. 26

Programa de prácticas de empresa con SMI y Seguridad Social cubiertos para jóvenes que hayan estado un año en paro

No consta que se pusiera en marcha el programa de prácticas de empresa con SMI y Seguridad Social para jóvenes con un año en paro. El marco general de prácticas no laborales (RD 1543/2011) prevé una beca de apoyo, no el SMI, y el Estatuto del Becario, que iba a ordenar estas prácticas, decayó con la disolución de las Cortes el 5 de octubre de 2026.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#047En parte

Empleo y pensiones · P. 26

Integrar los sistemas de los Servicios Públicos de Empleo y la Tesorería de la Seguridad Social e introducir inteligencia artificial para casar vacantes y desempleados

El SEPE desplegó OrientaHub, una herramienta con IA para orientar sobre el mercado laboral, y la Estrategia 2025-2028 incluye la interoperabilidad como objetivo. Pero en septiembre de 2026 la interoperabilidad entre SEPE y Seguridad Social seguía pendiente y el paso más concreto era un proyecto piloto con beneficiarios del IMV, no un sistema pleno de casamiento de vacantes y demandantes.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#048En parte

Empleo y pensiones · P. 33

Plan Nacional de conciliación con jornadas híbridas, horarios adaptables y posibilidad de semana laboral de cuatro días

No se aprobó un Plan Nacional de Conciliación con jornadas híbridas, horarios adaptables y semana de cuatro días. El Congreso tumbó en septiembre de 2025 la ley de reducción de jornada a 37,5 horas y en septiembre de 2026 el Plan Nacional de Conciliación seguía siendo una proposición no de ley del PP, no una norma en vigor; hubo avances parciales en permisos (16 a 19 semanas), pero no el plan prometido.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#054No cumplida

Empleo y pensiones · P. 113

Ayudas de transporte para estudiantes de FP con centro a más de 20 km sin oferta más próxima

No se creó una ayuda estatal general para el alumnado de FP con centro a más de 20 km. El catálogo estatal de becas para FP no incluye transporte —solo una ayuda por cambio de residencia— y las ayudas de transporte estatales se limitan al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Solo algunas comunidades tienen programas, y en Andalucía se interrumpieron en el curso 2024-25.

Confianza Media · 3 fuentesVer expediente
#055En parte

Empleo y pensiones · P. 114

Reconocer la orientación profesional como nuevo derecho de la ciudadanía

La LO 3/2022 reconoce el derecho a una orientación profesional flexible y gratuita y el RD 659/2023 lo desarrolla, pero la Estrategia General de Orientación Profesional seguía en elaboración en junio de 2025. El derecho se ha desplegado sobre todo en el sistema de FP y no consta un servicio universal para todos los trabajadores. Hay reconocimiento legal, pero la implantación es parcial.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#056En parte

Empleo y pensiones · P. 114

Acreditar a todos los trabajadores las competencias profesionales adquiridas en su puesto

El procedimiento de acreditación de competencias profesionales es permanente desde el RD 659/2023, y el RD 86/2025 abrió la acreditación de competencias básicas; en 2024 se destinaron 15,36 M€ para unas 30.500 personas y desde 2022 han participado 55.970 personas. La cobertura está muy lejos de 'todos los trabajadores': más de 10 millones de personas carecen de cualificación acreditada y la propia experta admite que la población acreditada es 'mucho menos de la esperada'. Hay avance real, pero no universal.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#057Cumplida

Empleo y pensiones · P. 119

Contratación prioritaria de investigadores en el sector público con el nuevo contrato indefinido, y estímulos a su contratación en empresas

El contrato indefinido de actividades científico-técnicas está en vigor (Ley 17/2022) y la reforma reserva un 25% de plazas en organismos públicos y un 15% en universidades para investigadores R3; además hay bonificaciones a empresas por contratar personal investigador (RD 475/2014). No consta una cuota nueva de 'prioridad' creada en 2023-2026: el marco es de 2022 y la legislatura lo ha mantenido. El cumplimiento es de continuidad, no de una medida nueva.

Confianza Media · 3 fuentesVer expediente
#058En parte

Empleo y pensiones · P. 133

Plan de choque contra el desempleo juvenil con 12 meses de formación en alternancia con contrato laboral

No se aprobó el 'Plan de Choque' ni el 'Pack Formación + Empleo' de 12 meses con contrato que prometía el programa. Sí existen programas de formación en alternancia (TándEM, Investigo, primera experiencia) y el PAFED 2026 incluye un Plan de Empleo en favor de las Personas Jóvenes, pero el nuevo plan seguía en negociación en septiembre de 2026. La tasa de paro juvenil bajó al 23% a finales de 2025, aún muy alta.

Confianza Media · 3 fuentesVer expediente
#059En parte

Empleo y pensiones · P. 134

Aumentar el programa Campus Rural con más de 210 millones de euros al año

Campus Rural creció de 1,5 millones (2022) a 3,2 millones anuales (2023-2025), con 657 estudiantes y 44 universidades en 2025, pero no se dotó con más de 210 millones al año: esa cifra del programa corresponde al relevo generacional agrario (unos 230 millones anuales de la PAC 2023-2027), no a Campus Rural. La parte de aumentar Campus Rural se cumplió; la cuantía de 210 millones aplicada a ese programa, no.

Confianza Media · 3 fuentesVer expediente
#060No cumplida

Empleo y pensiones · P. 140

Nueva regulación de enfermedades profesionales que incluya las de actividades feminizadas como camareras de pisos, cuidados o limpieza

A 13 de noviembre de 2026 la reforma del RD 1299/2006 sigue en audiencia pública: el Gobierno anunció el 9 de noviembre que tramitará de urgencia la inclusión de las camareras de piso, pero no hay real decreto aprobado ni publicado en el BOE. La legislatura terminó el 5 de octubre y, con el proceso aún en audiencia pública, no hay norma aprobada antes de las elecciones. Solo hay anuncio y consulta previa, no regulación.

Confianza Alta · 3 fuentesVer expediente
#061Cumplida

Empleo y pensiones · P. 140

Crear la Oficina Estatal de lucha contra la discriminación en la Inspección de Trabajo

La Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación se creó por Orden TES/867/2023, publicada en el BOE el 26 de julio de 2023, integrada en la Inspección de Trabajo, con funciones de impulso y coordinación de las actuaciones contra la discriminación laboral. La norma se publicó tres días después del 23J y deriva del Plan Estratégico 2021-2023, pero la oficina existe y está operativa. Es una medida en marcha al inicio de la legislatura.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#062En parte

Empleo y pensiones · P. 140

Profundizar en transparencia salarial, reforzar inspecciones y sanciones según la Directiva Europea

España ya tenía un marco de transparencia (RD 902/2020, registros salariales y planes de igualdad) y ha reforzado la información de condiciones laborales (RD 723/2026), pero la transposición de la Directiva 2023/970 no está aprobada. El plazo venció el 7 de junio de 2026 y en agosto solo había un proyecto de real decreto, con la mesa de diálogo reabierta en octubre. Hay avances parciales, no la transposición completa.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#064En parte

Empleo y pensiones · P. 143

Plan Nacional para el trabajo flexible con jornadas híbridas y posibilidad de semana laboral de cuatro días

No se creó el Plan Nacional de trabajo flexible ni una regulación general de la semana de cuatro días. El Gobierno lanzó un piloto para pymes industriales que acabó con solo 5 empresas y 530.000 € (de 9,65 M€ previstos), y el proyecto de ley de reducción de jornada a 37,5 horas fue rechazado por el Congreso el 10 de septiembre de 2025. La jornada máxima sigue en 40 horas.

Confianza Alta · 3 fuentesVer expediente
#066No cumplida

Empleo y pensiones · P. 145

Impulsar la Ley de usos del tiempo y racionalización de horarios y un Pacto Social por la racionalización de horarios

No se aprobó la Ley de usos del tiempo ni el Pacto Social por la racionalización de horarios. El Gobierno encargó un estudio de fundamentación en 2023, pero PactoCheck constata que a 2 de diciembre de 2024 no se había planteado ninguna iniciativa parlamentaria, y el proyecto de reducción de jornada a 37,5 horas —la principal medida de tiempo de trabajo— fue rechazado en septiembre de 2025. No consta que la ley se tramitara antes de la disolución.

Confianza Alta · 3 fuentesVer expediente
#067No cumplida

Empleo y pensiones · P. 170

Blindar constitucionalmente el poder adquisitivo de las pensiones con arreglo al IPC

No se presentó ni aprobó ninguna reforma constitucional para blindar las pensiones: la revalorización con el IPC está en la ley ordinaria, no en la Constitución. Sánchez volvió a prometer la reforma el 26 de octubre de 2026 para la 'próxima legislatura', lo que confirma que no se hizo en esta. La reforma exige tres quintos de Congreso y Senado y no hubo acuerdo.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#068No cumplida

Empleo y pensiones · P. 171

Subir el complemento contra la brecha de género de las pensiones un 10% adicional en 2026-2027

El 10% adicional para el bienio 2026-2027 no se aplicó. En 2026 el complemento se fijó en 36,90 euros mensuales, solo un 2,8% más que los 35,90 de 2025, y la subida de 2027 se calcula con el IPC, sin el 10% extra. El 10% adicional del bienio 2024-2025 sí se había aplicado, pero el segundo tramo prometido quedó sin ejecutar.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#069No cumplida

Empleo y pensiones · P. 171

Reconocer un año de cotización a cada progenitor por nacimiento o adopción de cada hijo

La Seguridad Social mantiene el beneficio por cuidado de hijos en un máximo de 270 días por hijo y solo para uno de los progenitores, no un año para cada progenitor. El artículo 236 de la LGSS exige además una interrupción real de la cotización y no permite usar esos días para completar el periodo mínimo. No consta que se aprobara la medida en la legislatura.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#070En parte

Empleo y pensiones · P. 172

Dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social con más de 20.000 millones en 2027

El Fondo se ha reconstruido con fuerza: 15.267 millones a 31 de marzo de 2026, su máximo en diez años y 13.114 millones más que en 2019. Pero el objetivo de superar los 20.000 millones es para 2027 y no está certificado; el último dato oficial es de marzo y las previsiones de cierre de 2026 oscilan entre 19.000 y 20.000 millones.

Confianza Media · 3 fuentesVer expediente
#071Cumplida

Empleo y pensiones · P. 193

Nuevo marco legal de inclusión laboral de personas con discapacidad basado en activación, apoyos y acción positiva

La Ley 4/2026, publicada el 3 de octubre de 2026, reforma el capítulo de empleo de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad: define la política de empleo como inclusión en el mercado ordinario, regula el empleo con apoyo y el empleo personalizado, y renombra los centros especiales de empleo como empresas para la inclusión laboral. El nuevo marco incorpora apoyos y medidas de acción positiva, aunque su desarrollo reglamentario queda pendiente.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#072Cumplida

Empleo y pensiones · P. 242

Elevar al 10% el cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad en el empleo público

El artículo 108.4 del Real Decreto-ley 6/2023 elevó al 10% la reserva de plazas para personas con discapacidad en la oferta de empleo público de la Administración del Estado, con un 2% específico para discapacidad intelectual. La medida se aplica desde la OEP 2024 y se mantiene en las ofertas de 2025 y 2026. El mínimo general del TREBEP para el resto de administraciones sigue en el 7%.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#073No cumplida

Empleo y pensiones · P. 242

Regular Ofertas de Empleo Público plurianuales

No se aprobó ninguna norma que permita ofertas de empleo público plurianuales. El artículo 70.2 del TREBEP sigue exigiendo que la OEP se apruebe anualmente, y la Ley de Función Pública que debía reformar la planificación del empleo público quedó atascada en el Congreso y decayó con la disolución de las Cortes. Las ofertas de 2024, 2025 y 2026 han seguido siendo anuales.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#074En parte

Empleo y pensiones · P. 268

Establecer un Plan Estratégico de Retorno con medidas socio-laborales para españoles del exterior

El Real Decreto 954/2026, publicado el 9 de noviembre de 2026, crea el marco del Plan Estatal de Retorno y regula medidas sociolaborales concretas: asesoramiento laboral especializado, intermediación, formación y emprendimiento para personas retornadas. Sin embargo, el Plan Estatal de Retorno propiamente dicho aún debe elaborarse y aprobarse por el Consejo de Ministros, por lo que el instrumento prometido no está cerrado.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#075Cumplida

Vivienda · P. 32

Ampliar hasta la renta media (37.800€) el umbral de acceso a las medidas de apoyo a hipotecados: ampliación de crédito hasta 7 años y congelación de cuota de 1 año

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2023 elevó el umbral del Código de Buenas Prácticas de 3,5 a 4,5 veces el IPREM, hasta 37.800 € anuales. El Código mantiene la congelación de la cuota durante 12 meses y la ampliación del plazo de amortización hasta 7 años. La medida quedó formalizada y se aplicó desde 2024.

Confianza Alta · 3 fuentesVer expediente
#076En parte

Vivienda · P. 95

Aprobar un plan estratégico para la vivienda rural en zonas de reto demográfico

No consta que se aprobara un plan estratégico específico de vivienda rural; en febrero de 2026 el Congreso aprobó una proposición no de ley para pedir al Gobierno un plan estatal concreto para zonas rurales. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado en abril de 2026, sí incorpora actuaciones de regeneración y renovación rural y ayudas a jóvenes en municipios de menos de 10.000 habitantes, pero como línea dentro del plan general, no como el plan estratégico prometido.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#077En parte

Vivienda · P. 95

Desarrollar parques públicos de vivienda asequible y alquiler social

El Gobierno puso en marcha el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible y creó la entidad estatal CASA47, que a septiembre de 2026 gestionaba un portal con 800 viviendas disponibles y anunciaba 1.500 más. El plan declaraba 120.479 viviendas movilizadas en distintas fases; el Ministerio hablaba de 124.000 en octubre de 2026, de las que 40.411 estaban terminadas. El parque público existe y está en expansión, pero la oferta disponible al final de la legislatura era aún muy reducida.

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#078En parte

Vivienda · P. 130

Línea de avales ICO de 2.500 millones para jóvenes menores de 35 años, para unas 50.000 viviendas

La línea se puso en marcha con 2.500 millones y permite avalar hasta el 20% de la hipoteca de jóvenes y familias con menores. A cierre de 2025 se habían formalizado 10.453 operaciones por 255,8 millones, alrededor del 20% de las 50.000 previstas, y el programa se prorrogó hasta 2027. El instrumento existió, pero su ejecución quedó muy por debajo del objetivo.

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#079Sin corroborar

Vivienda · P. 131

Destinar el 30% de las viviendas del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible a jóvenes de 18 a 35 años

No se localizó una norma, un documento oficial o un balance que establezca o cuantifique una reserva del 30% para jóvenes en todas las líneas del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible. La página oficial del plan describe cinco líneas y 120.479 viviendas movilizadas, pero no ofrece desglose por edad ni menciona esa cuota; los programas específicos para jóvenes son el Bono Alquiler Joven y los avales ICO, distintos de la reserva prometida.

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#080En parte

Vivienda · P. 131

Construir 183.000 viviendas públicas de alquiler, la mitad para jóvenes

El Plan de Vivienda en Alquiler Asequible declaraba 120.479 viviendas movilizadas a 2026, en distintas fases (desde entregadas hasta en construcción), pero solo 40.411 estaban calificadas o terminadas. La cifra movilizada supone en torno a dos tercios del objetivo de 183.000, pero la parte realmente construida y disponible era mucho menor, y no hay datos que confirmen que la mitad se reservara a jóvenes.

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#081Sin corroborar

Vivienda · P. 177

Promover nuevos centros residenciales públicos para personas con mayor dependencia aprovechando el impulso público a la construcción de viviendas

No se encontró un programa estatal concreto de construcción de nuevos centros residenciales públicos para personas con gran dependencia vinculado al impulso de la vivienda. Las actuaciones localizadas son planes autonómicos y fondos para transformar centros existentes, no una medida estatal verificable con el alcance de la promesa.

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#082En parte

Vivienda · P. 184

Aumentar la oferta de vivienda pública de alquiler priorizando criterios de renta e infancia

La oferta de alquiler público creció: el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible declaraba 120.479 viviendas movilizadas y el Plan Estatal 2026-2030 incluye entre los colectivos prioritarios a las familias vulnerables con menores a cargo. Sin embargo, no hay un desglose público que permita comprobar que la adjudicación priorizó renta e infancia, y las competencias de adjudicación corresponden a comunidades autónomas y municipios.

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#083No cumplida

Vivienda · P. 222

Alcanzar el 20% de vivienda pública en alquiler social en los próximos años

Al final de la legislatura España tenía unas 318.000 viviendas sociales públicas en alquiler, el 1,72% de los hogares (3,3% si se incluye toda la vivienda protegida), muy lejos del 20% prometido. El propio Ministerio de Vivienda cifraba el parque en ese entorno y los medios coinciden en que España sigue a la cola de Europa; no hubo un avance equiparable al objetivo.

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#084Cumplida

Vivienda · P. 223

Reservar al menos el 50% del suelo de vivienda protegida en nuevos desarrollos para alquiler social y asequible

La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, establece que el porcentaje del suelo de reserva para vivienda protegida destinado a alquiler no podrá ser inferior al 50%, salvo excepciones justificadas. La norma se publicó en el BOE y desarrolla así la reserva que la promesa reclamaba, aunque permite excepciones urbanísticas.

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#085En parte

Vivienda · P. 223

Impedir la descalificación o privatización de vivienda social y su venta a fondos de inversión

La Ley 12/2023 prohibió vender los parques públicos de vivienda a inversores privados y limitó su enajenación a administraciones o entidades sin ánimo de lucro (artículo 28), pero el Tribunal Constitucional anuló en mayo de 2024 el artículo 16, que impedía la descalificación de la vivienda protegida y establecía su protección permanente. El blindaje frente a fondos se mantuvo para el parque público, pero no la prohibición general de descalificar.

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#086En parte

Vivienda · P. 224

Plan de acción para erradicar el chabolismo y los asentamientos segregados

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incorpora actuaciones de regeneración y renovación rural y una línea de ayuda para personas en situación de chabolismo, con el fin de contribuir a erradicar los asentamientos segregados. Sin embargo, no se aprobó un plan de acción específico con dotación suficiente: la Fundación Secretariado Gitano valoró positivamente que el plan incorporara medidas concretas, pero las calificó de insuficientes y reclamó un mandato político y financiación específicos.

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#087En parte

Vivienda · P. 225

Objetivo de rehabilitar más de 500.000 viviendas en la legislatura

El Ministerio de Vivienda contabilizó 245.905 aprobaciones definitivas de ayudas a la rehabilitación, y las deducciones fiscales por mejora energética acreditaron obras en 203.756 inmuebles entre 2021 y 2024, muy por debajo de las 500.000 viviendas. Los datos de los arquitectos mostraban que entre 2021 y 2023 se rehabilitaron algo menos de 103.000 viviendas, y el ritmo seguía siendo inferior al necesario para alcanzar el objetivo.

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#089En parte

Vivienda · P. 226

Línea de avales del ICO de 2.500 millones para jóvenes menores de 35 años, con aval del 20% de la hipoteca de primera vivienda, para unas 50.000 viviendas

La línea se activó en 2024 con 2.500 millones y un aval de hasta el 20% (25% en viviendas con calificación energética D o superior), con el objetivo de facilitar unas 50.000 compras. Al cierre de 2025 se habían avalado 10.453 operaciones por 255,8 millones, en torno al 21% del objetivo de viviendas y al 10% de los fondos, y el plazo se prorrogó hasta 2027. La medida existe y funciona, pero el objetivo cuantitativo quedó muy lejos de cumplirse.

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#090No cumplida

Vivienda · P. 226

Cuenta de ahorro bonificada para jóvenes de hasta 39 años con exención en IRPF, límite de 2.000 euros anuales y 30.000 totales

No se creó la cuenta de ahorro estatal ni la exención en el IRPF prometida: no consta ley ni producto bancario que responda a esa medida. Los balances de la legislatura publicados en octubre de 2026 concluyen que la promesa de los 30.000 euros libres de tributación no se materializó en los términos anunciados. Las cuentas de ahorro para vivienda que existen son iniciativas autonómicas posteriores, como la de Castilla y León, y no equivalen a la exención estatal.

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#091Cumplida

Vivienda · P. 226

Ayudas directas para vivienda en régimen cooperativo o cohousing

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado por el Real Decreto 326/2026 y publicado en el BOE el 23 de abril de 2026, incluye una ayuda específica al fomento de la vivienda cooperativa en cesión de uso, alojamientos y soluciones residenciales tipo cohousing, con hasta 750 euros por metro cuadrado útil y 85.000 euros por vivienda. La línea ya existía en el programa 8 del Plan 2022-2025 y se ha mantenido y reforzado; su ejecución corresponde a convocatorias autonómicas. El marco es anterior al 23J, pero la medida prometida está en vigor y dotada.

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#092No cumplida

Vivienda · P. 251

Impulsar reforma legislativa para garantizar el desalojo de los ocupas ilegales en un plazo máximo de 48 horas

La reforma que debía fijar por ley el desalojo en 48 horas no se aprobó. La proposición de ley de Junts que creaba una medida cautelar de desalojo en 48 horas fue admitida a trámite en marzo de 2025 con el voto del PSOE, pero caducó con la disolución de las Cortes el 6 de octubre de 2026. La Ley Orgánica 1/2025, la reforma que sí entró en vigor, solo incorporó la ocupación a los juicios rápidos (unos 15 días), sin establecer el plazo legal de 48 horas.

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#093En parte

Servicios públicos · P. 29

Cursos de programación y robótica en todas las escuelas

Código Escuela 4.0 financió equipamiento de programación y robótica y formación del profesorado en centros sostenidos con fondos públicos de Infantil, Primaria y ESO, y el currículo LOMLOE incorpora el pensamiento computacional. Sin embargo, la implantación varía entre comunidades y centros y no alcanza a los centros privados no concertados; el impulso es real, pero no se puede afirmar que todas las escuelas impartan esos cursos.

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#094Cumplida

Servicios públicos · P. 33

Seguir ampliando el sistema público de escolaridad de 0 a 3 años

El Ministerio cifra en más de 65.000 las plazas públicas de 0 a 3 años creadas desde 2021, con más de 670 millones de euros, y la tasa de escolarización alcanzó el 55,8% en 2024-25. La promesa era seguir ampliando el sistema público, no universalizarlo ni hacerlo gratuito, y esa ampliación se produjo. La cobertura sigue dependiendo de las comunidades y no es universal.

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#095En parte

Servicios públicos · P. 58

Trato preferente y garantía de atención presencial en servicios públicos para mayores de 65 años y personas con discapacidad

La atención preferente y sin cita para mayores de 65 años se aplica en la Seguridad Social y la Agencia Tributaria al amparo de la Orden PCM/466/2022, y se ha puesto en marcha el piloto Acceso 65+ para mejorar la atención integral. Sin embargo, el Defensor del Pueblo denunció en 2024 que oficinas de extranjería rechazaron garantizar esa atención sin cita, y no existe una garantía estatal uniforme para todos los servicios públicos. El impulso es real pero parcial y desigual.

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#096No cumplida

Servicios públicos · P. 66

Marco normativo que garantice que ningún municipio rural quede a más de 30 minutos de los servicios públicos

La proposición no de ley del PSOE que pedía un marco normativo para los 30 minutos se aprobó en febrero de 2024, pero no era vinculante y no se tradujo en ley. En julio de 2026 el Gobierno aprobó la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Plan País de los 30 Minutos, pero El Español concluye que esa garantía legal sigue pendiente casi tres años después. La promesa era un marco normativo, no una estrategia, por lo que no se cumplió.

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#097En parte

Servicios públicos · P. 78

Gratuidad total del transporte público urbano para niños y estudiantes hasta los 24 años

Desde julio de 2025, el transporte público colectivo es gratuito para los menores de 15 años y los jóvenes de 15 a 26 años tienen descuentos del 50% (70% en algunos títulos), no gratuidad total. En el transporte urbano y metropolitano, el Ministerio financia la gratuidad para menores de 14 o 15 años y un 50% para abonos joven. La promesa de gratuidad total para niños y estudiantes hasta los 24 años solo se cumplió para la infancia, no para los estudiantes.

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#098En parte

Servicios públicos · P. 94

Aprobar una cartera de servicios básicos de calidad a menos de 30 minutos del lugar de residencia en el medio rural

La II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial, aprobada en julio de 2026, incluye el Plan Estatal País de los 30 Minutos, que fija el objetivo de acceso a los servicios cotidianos en torno a media hora y prevé actuaciones por ministerios. Sin embargo, no se aprobó una cartera de servicios básicos vinculante con estándares y responsabilidades, y la garantía legal sigue pendiente. Hay un plan y un objetivo, pero no la cartera prometida.

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#099En parte

Servicios públicos · P. 103

Universalizar la escolarización de 0 a 18 años mediante oferta gradual de plazas públicas gratuitas (0-3 y FP) y garantía formativa 16-18, sin hacerla obligatoria

La escolarización de 0 a 3 años creció hasta el 55,8% en 2024-25, con más de 60.000 plazas públicas creadas, pero sigue sin una red suficiente de plazas públicas gratuitas que garantice la universalidad. En FP había 1.211.062 alumnos en 2025-26, por debajo del horizonte de 1,4 millones. El avance es real pero la universalización de 0 a 18 años quedó incompleta.

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#101En parte

Servicios públicos · P. 105

Bajada de ratio en centros que presenten un proyecto de mejora, escalonada con criterios de equidad e innovación

El Gobierno aprobó en abril de 2026 un proyecto de ley para bajar las ratios (22 en Primaria y 25 en ESO), pero decayó con la disolución de las Cortes y no llegó a aplicarse. Los programas de competencia matemática y lectora financiaron desdobles y grupos reducidos en centros seleccionados, un avance parcial, pero no una bajada de ratio derivada del compromiso. El núcleo de la promesa no se materializó.

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#102No cumplida

Servicios públicos · P. 107

Diseñar la nueva carrera docente y aprobar el Estatuto del Docente en coordinación con las CCAA

El Estatuto del Docente estaba en negociación en la Mesa Sectorial, pero no se aprobó y decayó con el adelanto electoral; tampoco se aprobó una carrera docente común. El Gobierno aprobó en abril de 2026 un proyecto de ley de reducción de ratios como primera parte del paquete, pero también quedó en tramitación. No hubo Estatuto ni nueva carrera docente.

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#104No cumplida

Servicios públicos · P. 107

Actualizar módulos y costes de funcionamiento de los centros concertados para combatir la segregación escolar

Los módulos de conciertos se actualizaron en 2023 y 2024, pero esas actualizaciones respondieron a subidas salariales y al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, no a un rediseño vinculado a la equidad o a la segregación. Save the Children seguía reclamando en 2024 la actualización de los módulos como medida urgente, y Magisnet constata que no se aprobó el Plan Nacional contra la Segregación Escolar. No se usó el instrumento prometido para combatir la segregación.

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#105No cumplida

Servicios públicos · P. 109

Programa de conciliación en el ámbito escolar con oferta gratuita de actividades extraescolares y refuerzo en centros públicos

No se ha identificado el programa estatal de cooperación territorial con oferta gratuita de extraescolares y refuerzo en centros públicos que prometía el programa. Magisnet concluye que no hubo despliegue general: existen PROA+, programas autonómicos y actuaciones locales, pero no el programa estatal de conciliación y jornada extendida. La oferta sigue fragmentada por comunidades y municipios.

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#106En parte

Servicios públicos · P. 109

Aumentar dotación de becas, nuevas becas para colectivos específicos, exención de tasas de acceso a la universidad y eliminar la cuantía variable

El presupuesto de becas subió a 2.559 millones para 2026-27, la novena subida consecutiva y un 83% más que en 2018, con nuevas becas Medrano y mejoras para alumnado con discapacidad. Sin embargo, la cuantía variable no se eliminó: sigue existiendo con un mínimo de 60 euros, que era una parte explícita de la promesa. Magisnet califica el conjunto de parcial precisamente por ese punto.

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#108En parte

Servicios públicos · P. 109

Impulsar el programa de gratuidad de libros de texto y ayudas para material escolar con las CCAA

El Ministerio mantiene el programa de cooperación territorial dotado con 58,56 millones de euros anuales (2025 y 2026), y alrededor del 75% del alumnado de enseñanzas obligatorias recibe algún tipo de ayuda, según ANELE. Pero no hay un sistema estatal único ni gratuidad general: el acceso depende de cada comunidad y solo en torno a la mitad del alumnado tiene libros gratuitos por préstamo, mientras otras regiones limitan las ayudas a rentas bajas.

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#109No cumplida

Servicios públicos · P. 116

Gratuidad de estudios universitarios y FP superior para quien apruebe a la primera (crédito aprobado a la primera, gratis al curso siguiente)

No se implantó el sistema de crédito aprobado a la primera que se convierte en gratuito al curso siguiente. Las universidades públicas siguen cobrando precios de primera matrícula, con bonificaciones y becas distintas por comunidad, y el balance de octubre de 2026 concluye que no existe un régimen general de gratuidad.

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#110En parte

Servicios públicos · P. 116

Impulsar la reducción de tasas universitarias

El precio medio del grado en primera matrícula está en el mínimo de la serie: 15,37 euros por crédito en 2024-25, un 25,5% menos que en 2014-15, y el Gobierno lo presenta como resultado de los acuerdos con las CCAA en la Conferencia General de Política Universitaria. Sin embargo, la bajada fue mínima durante la legislatura (0,11 euros respecto a 2023-24), las tasas las fijan las comunidades y persisten diferencias de casi el 60% entre regiones, por lo que el impulso no se tradujo en una reducción general.

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#111En parte

Servicios públicos · P. 116

Reforzar convocatorias de empleo público universitario para reducir precariedad y temporalidad

El Programa María Goyri puso en marcha 5.638 plazas de profesor ayudante doctor (3.400 financiadas por el Estado y 2.238 por las CCAA), con las 3.400 estatales ya contratadas en septiembre de 2026 y una inversión estatal de más de 900 millones. Pero la temporalidad del profesorado seguía en el 45,88% en enero de 2026, muy lejos del 8% que fija la LOSU, y más de 49.000 docentes continuaban en situación precaria.

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#112En parte

Servicios públicos · P. 119

Investigación biosanitaria para diseñar y producir al menos 10 nuevas terapias avanzadas para el sistema público de salud

El SNS ha consolidado un Plan de Terapias Avanzadas 2025-2028, con 40 centros CAR-T y siete medicamentos financiados, pero solo dos de ellos son de fabricación no industrial y desarrollo español (ARI-0001 y ARI-0002h, del Hospital Clínic). No hay un recuento oficial que acredite las 10 terapias nuevas diseñadas y producidas por centros o empresas españolas e incorporadas al sistema público.

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#113No cumplida

Servicios públicos · P. 129

Gratuidad de estudios universitarios y FP superior para quien apruebe a la primera, mediante créditos gratuitos al curso siguiente

No se implantó el sistema de crédito aprobado a la primera que se convierte en gratuito al curso siguiente. Las universidades públicas siguen cobrando precios de primera matrícula y el balance de octubre de 2026 concluye que no existe un régimen general de gratuidad, sino bonificaciones y becas distintas por comunidad.

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#114En parte

Servicios públicos · P. 129

Promover plazas de FP para alcanzar tasas de titulados similares a la media europea

La oferta de FP se amplió con más de 373.000 plazas nuevas desde 2020 y el curso 2025-26 cerró con 1.211.062 matriculados, récord histórico. Pero la cifra sigue por debajo del horizonte de 1,4 millones y la proporción de población con estudios de FP rondaba el 22,7%, frente a más del 39% de la UE, por lo que la convergencia con la media europea no se alcanzó.

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#115En parte

Servicios públicos · P. 131

Gratuidad total del transporte público urbano para niños y estudiantes hasta 24 años

El sistema estatal financia la gratuidad del transporte urbano y metropolitano para los menores de 14 años y un descuento del 50% en los abonos joven (hasta 26 años), no la gratuidad total para estudiantes hasta 24. El balance de octubre de 2026 confirma que se mantienen bonificaciones y tarifas reducidas, pero no la gratuidad general prometida.

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#116Cumplida

Servicios públicos · P. 131

Estrategia nacional contra el suicidio juvenil

El Consejo Interterritorial del SNS aprobó en febrero de 2025 el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, con seis líneas estratégicas, atención específica a adolescentes y jóvenes en entornos educativos y comunitarios y 17,83 millones de euros de financiación específica. Incluye la creación de un Observatorio para la Prevención del Suicidio y refuerza la línea 024; no es una estrategia separada solo para jóvenes, sino un plan nacional con medidas específicas para ellos.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#117No cumplida

Servicios públicos · P. 132

Garantizar acceso gratuito a preservativos y anticonceptivos a jóvenes

El Gobierno anunció en mayo de 2024 una partida de 10 millones para preservativos gratuitos para jóvenes de 16 a 22 años, pero la medida no se aplicó y en junio de 2026 Sanidad la retrasó a 2027, con más de 9 millones previstos. Tampoco se articuló un acceso universal gratuito a anticonceptivos para jóvenes; la única previsión es el reparto en farmacias que empezaría después de la legislatura.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#119No cumplida

Servicios públicos · P. 155

Desarrollar un Plan estatal sobre el impacto de las redes sociales en menores

El Gobierno aprobó en marzo de 2025 un proyecto de ley orgánica de protección de menores en entornos digitales que incluía la elaboración de una Estrategia Nacional, pero el proyecto quedó caducado con la disolución de las Cortes el 6 de octubre de 2026 sin aprobarse. No se aprobó el plan estatal prometido; las actuaciones se limitaron a un anteproyecto, un comité de expertos y un estudio de diagnóstico.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#120No cumplida

Servicios públicos · P. 161

Elaborar una Estrategia de Salud y perspectiva de género del SNS junto al Consejo Interterritorial

No consta que se aprobara la Estrategia de Salud y perspectiva de género del SNS. En 2024 el PSOE presentó una moción en el Senado para instar al Gobierno a elaborar una estrategia de salud de la mujer, y la Cámara Alta hablaba entonces de sentar las bases de la que sería la primera estrategia española de salud y género; en noviembre de 2026 la actuación en la materia se limitó a reorganizar el Observatorio de Salud de las Mujeres, sin que conste la estrategia entre las publicadas por el Ministerio ni en los acuerdos del Consejo Interterritorial.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#121En parte

Servicios públicos · P. 166

Crear una Agencia Estatal de Salud Pública y promover atención pública y gratuita en salud mental

La Ley 7/2025 creó la Agencia Estatal de Salud Pública y se publicó en el BOE en julio de 2025, pero sus estatutos seguían pendientes en octubre de 2026 y su puesta en marcha no se completará durante la legislatura. En salud mental se aprobó el Plan de Acción 2025-2027, con 39 millones para 2025, pero la agencia que debía reforzar la salud pública no llegó a estar operativa.

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#123En parte

Servicios públicos · P. 179

Poner en marcha un Plan Nacional Anticaídas para personas mayores

El Consejo Interterritorial aprobó en abril de 2026 una actualización del documento de consenso sobre fragilidad y caídas, con el objetivo de que el 50% de las comunidades lo incorpore en 2027, pero no se aprobó el Plan Nacional Anticaídas prometido. La Plataforma de Mayores y Pensionistas reclama que ese documento técnico se traduzca en un plan nacional intersectorial con recursos.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#125En parte

Servicios públicos · P. 183

Poner en marcha un programa de becas para el aprendizaje de inglés para menores en hogares con pocos recursos

El Estado mantiene un programa de 2.400 becas anuales de inmersión lingüística en inglés, pero está limitado a estudiantes de 16 a 20 años de Bachillerato y FP que ya son becarios generales y consiste en una semana de curso. No consta un programa nuevo y general para niños, niñas y adolescentes de hogares con pocos recursos.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#127En parte

Servicios públicos · P. 183

Garantizar acceso de menores a salud bucodental, salud mental, gafas y audífonos

La cartera bucodental se amplió a menores de 0 a 14 años, pero la cobertura infantojuvenil era del 30,4% en 2026; el Plan Veo concede hasta 100 euros para gafas y lentillas, y los audífonos están en la prestación ortoprotésica para menores de 26 años. En salud mental se aprobó el Plan de Acción 2025-2027, pero no hay una garantía universal de acceso.

Confianza Alta · 4 fuentesVer expediente
#128En parte

Servicios públicos · P. 200

Aprobar la Ley de Equidad: ampliar el acceso universal al SNS, recuperar la cartera común y garantizar que no se introduzcan nuevos copagos sanitarios

El Real Decreto 180/2026 amplió y homogeneizó el acceso a la sanidad de las personas migrantes sin residencia legal y equiparó exenciones en la prestación ortoprotésica, pero la Ley de Equidad y Cohesión y la Ley de Universalidad no se aprobaron y decayeron con la disolución de las Cortes. La garantía legal frente a nuevos copagos quedó sin plasmar.

Confianza Alta · 4 fuentesVer expediente
#132No cumplida

Servicios públicos · P. 202

Permitir la prolongación voluntaria de la vida laboral hasta los 72 años en especialidades médicas deficitarias

El Estatuto Marco que debía regular la prolongación voluntaria decayó con la disolución de las Cortes y el texto final no fijaba los 72 años, sino la prolongación hasta la edad legal. La jubilación activa mejorada del RDL 20/2022 expiraba en diciembre de 2025 y no se aprobó la extensión a los 72 años para especialidades deficitarias.

Confianza Media · 3 fuentesVer expediente
#133En parte

Servicios públicos · P. 202

Estudiar necesidades de personal sanitario para diseñar un aumento de hasta un 15% de plazas en el grado de Medicina

El Ministerio publicó estudios de oferta-necesidad y financió 922 plazas nuevas de primer curso en 2025-2026, con un límite máximo del 15% por universidad. El 15% era un tope por universidad, no una garantía de aumento global, y en 2026-2027 el real decreto solo financió el mantenimiento de plazas de segundo a cuarto, sin nuevas plazas de primero.

Confianza Media · 3 fuentesVer expediente
#135En parte

Servicios públicos · P. 203

Incrementar hasta el 30% las plazas de Formación Sanitaria Especializada en Salud Mental

Las plazas de las especialidades de salud mental crecieron, pero lejos del 30%: Psicología Clínica pasó de 274 plazas en 2025 a 293 para 2027 (+7%) y Enfermería de Salud Mental de 311 en 2023 a 366 en 2027 (+18%). El Consejo General de la Psicología calificó de inalcanzable el objetivo de 494 plazas PIR fijado por Sanidad, y el total de la FSE sí subió un 53% desde 2018, pero no las plazas específicas de salud mental al ritmo prometido.

Confianza Media · 3 fuentesVer expediente
#136En parte

Servicios públicos · P. 203

Ampliar el cribado de cáncer a pulmón, próstata y, en ciertos casos, gástrico, tras su estudio

El cribado de pulmón avanzó con programas piloto y el anuncio de Castilla-La Mancha de implantarlo en toda la región desde el 1 de enero de 2027, pero no se creó un programa nacional. El Ministerio mantiene que el cribado de pulmón solo cumple 6 de los 18 criterios y que el de próstata sigue en estudio; el gástrico no aparece entre los cribados en estudio. La extensión prometida a los tres cánceres no se completó.

Confianza Media · 3 fuentesVer expediente
#137Cumplida

Servicios públicos · P. 204

Reformar el copago farmacéutico para beneficiar a rentas menores de 18.000 euros y mantener la gratuidad para grupos vulnerables

El Real Decreto-ley 11/2026, en vigor desde el 14 de mayo, introdujo topes mensuales de 8,23 euros para las rentas activas de menos de 9.000 euros y de 18,52 euros para las de 9.000 a 17.999 euros, que antes no tenían límite. La reforma mantuvo la exención de aportación para los grupos vulnerables y redujo del 50% al 45% la aportación de las rentas de 18.000 a 59.999 euros. No eliminó el copago del 40% para las rentas bajas, pero las benefició con límites mensuales.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#138En parte

Servicios públicos · P. 204

Incorporar progresivamente empastes e implantes dentales a la cartera pública, empezando por mayores de 75 años

La ampliación de la cartera bucodental de 2025-2026 incorporó a los mayores de 65 años, empezando por los institucionalizados, con evaluaciones, tratamientos preventivos, empastes, limpiezas y extracciones. No incluyó implantes ni prótesis dentales, que siguen excluidos, y no fijó el inicio en los 75 años. El avance es real en empastes y en el colectivo de mayores, pero no en implantes ni en la prioridad de edad prometida.

Confianza Alta · 3 fuentesVer expediente
#139En parte

Servicios públicos · P. 204

Programa de ayuda directa para gafas y lentillas a menores de 18 años de familias con menos recursos

El Plan Veo, regulado por el Real Decreto 902/2025 y en marcha desde diciembre de 2025, concede hasta 100 euros al año para gafas o lentillas a menores de hasta 16 años, con un presupuesto de 48 millones y sin límite de renta. Cubre a la mayoría del colectivo y es más amplio en renta, pero deja fuera a los menores de 17 y 18 años y no se dirige específicamente a las familias con menos recursos.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#140No cumplida

Servicios públicos · P. 204

Crear una autoridad independiente de evaluación de financiación y precio de medicamentos y productos sanitarios

No se creó la autoridad independiente. El Proyecto de Ley de Medicamentos aprobado en julio de 2026 mantuvo la competencia de fijación de precios en la Dirección General del Ministerio y la evaluación en la AEMPS, y quedó sin aprobar al disolverse las Cortes. El Real Decreto 415/2026 reguló la evaluación de tecnologías sanitarias, pero no creó el organismo independiente de financiación y precios prometido.

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#141En parte

Servicios públicos · P. 240

Garantizar por ley un tiempo máximo de respuesta y 30 días para prestaciones como desempleo o dependencia

El Real Decreto-ley 36/2026, de 10 de noviembre, redujo de seis a tres meses el plazo máximo para resolver las solicitudes de dependencia, pero no aprobó la ley general de tiempos máximos de respuesta ni el plazo de 30 días para el desempleo o la dependencia. PactoCheck no había constatado ninguna norma de ese tipo en junio de 2026. El avance es real, pero queda lejos del compromiso.

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#142No cumplida

Servicios públicos · P. 240

Punto de atención presencial de todas las Administraciones en cada municipio de menos de 5.000 habitantes, sin cita previa obligatoria

No se implantó el nuevo modelo de atención presencial sin cita ni la red de puntos de atención de todas las Administraciones en los municipios de menos de 5.000 habitantes. La cita previa obligatoria seguía vigente en enero de 2026 y, en mayo, el Congreso solo aprobó una proposición no de ley para pedir al Gobierno que la eliminara; seguía activa en el SEPE, la Seguridad Social o la DGT. No consta norma ni despliegue territorial que creara esos puntos.

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#143En parte

Servicios públicos · P. 267

Recuperar el Sistema Sanitario Universal para españoles en el exterior, derogando la retirada de la tarjeta sanitaria a los 90 días

El Real Decreto 180/2026 modificó el artículo 26 del Real Decreto 8/2008 y extendió la asistencia sanitaria a todos los españoles de origen residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales a España, con una duración máxima de tres meses ampliable a seis al año. No derogó expresamente la regla de los 90 días ni restableció la tarjeta sanitaria ordinaria; la medida es una cobertura temporal para visitas, no el sistema universal prometido.

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#144En parte

Inmigración · P. 95

Programas de integración de población inmigrante y refugiada en el medio rural

El Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, presentado el 30 de junio de 2026 con más de 500 millones el primer año y 16 medidas, incluyó programas de integración, refuerzo lingüístico y convivencia, y una línea de 35 millones para empleo y emprendimiento con refuerzo de oportunidades en el medio rural. El plan también previó proyectos de inserción laboral en el ámbito rural con financiación, intermediación y acompañamiento para el arraigo. Sin embargo, no se creó un programa específico y desplegado de acogida e integración de población inmigrante y refugiada en el medio rural: la medida rural quedó dentro de un plan general que apenas comenzó a ejecutarse antes de la disolución de las Cortes.

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#145En parte

Inmigración · P. 239

Política migratoria que reduzca llegadas irregulares y salve vidas; reforzar la Oficina de Asilo y Refugio

Las llegadas irregulares se redujeron: 24.646 personas hasta el 30 de septiembre de 2026, un 10,3% menos que en el mismo periodo de 2025, después de que 2025 ya cerrara con un descenso del 42,6% frente a 2024. La Oficina de Asilo y Refugio se reforzó y resolvió 160.951 expedientes en 2025, un 67,2% más y la cifra más alta de su historia. Pero la parte de salvar vidas no se cumplió: Caminando Fronteras contabilizó 1.317 muertos en los cinco primeros meses de 2026.

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#146En parte

Inmigración · P. 239

Estrategia para desmantelar las mafias que trafican con seres humanos en países de origen

La presión policial se intensificó: en 2025 hubo 413 operaciones contra la trata y la explotación, con 1.056 detenidos, 112 organizaciones desarticuladas y 1.869 víctimas liberadas. En agosto de 2026 se desmanteló una de las mayores redes de tráfico entre España y Argelia, con 77 detenidos en España y uno en Argelia, en una operación coordinada por Europol. El avance es real, pero la actuación se concentró en territorio español y en la cooperación policial, sin una estrategia nueva e integral centrada en los países de origen.

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#147Cumplida

Inmigración · P. 255

Incrementar las capacidades del sistema de acogida y reforzar su gestión pública y estable

El Sistema de Acogida Estatal atendió a 124.170 personas en 2025 y contó con 56.053 plazas: 33.936 del Sistema de Acogida de Protección Internacional y 22.117 del Programa de Atención Humanitaria. El SAPI pasó de 1.920 plazas en 2015 a 33.936 en 2025, y el Ministerio trasladó a 20.489 personas desde Canarias a la Península y atendió a 4.535 llegadas a Baleares, consolidando una red dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones. La capacidad y la dirección pública del sistema se reforzaron de forma sustancial.

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#148No cumplida

Inmigración · P. 256

Impulsar una Ley de nacionalidad que adecúe el acceso a la nacionalidad por residencia de las personas extranjeras

El Congreso aprobó el 10 de septiembre de 2026 una proposición de ley que concedía la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo la administración española y les permitía acceder por residencia con dos años, pero el texto decayó al disolverse las Cortes el 6 de octubre antes de la votación en el Senado. Además, la iniciativa se limitaba al colectivo saharaui y no adaptaba con carácter general el acceso a la nacionalidad por residencia de las personas extranjeras, que era el objeto de la promesa.

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#149En parte

Inmigración · P. 256

Simplificar procedimientos y acelerar el cambio de modelo de las oficinas de extranjería

El Reglamento de Extranjería de 2024 supuso una reforma integral que simplificó trámites y el Real Decreto 316/2026 creó una Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería y habilitó oficinas de Correos y de la Seguridad Social para presentar solicitudes. Sin embargo, el cambio de modelo de las oficinas no se completó: en septiembre de 2026 persistían el colapso de la cita previa y el mercado negro de citas, y solo Barcelona ensayaba un sistema piloto de asignación automática de citas de huella.

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#150En parte

Inmigración · P. 257

Reforzar programas de acogida educativa para alumnado extranjero, previniendo abandono y absentismo escolar

El programa PROA+ recibió 105,9 millones para 2026 y entre sus actividades incluye un Plan de acogida del alumnado inmigrante, además de planes de absentismo y tutorías para centros con alta vulnerabilidad. Pero es un programa general de centros complejos, no una expansión específica de aulas de acogida, y la brecha educativa siguió creciendo: el sistema no reforzó suficientemente las aulas de acogida ni el apoyo lingüístico pese al aumento del alumnado nacido en el extranjero.

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#151En parte

Territorio · P. 65

Llevar la conectividad digital al 100% de la población en 2025 y 5G a todos los municipios rurales con 680 millones

El despliegue avanzó mucho, pero no llegó al 100%: a 30 de junio de 2025 la cobertura 5G era del 96,13% de la población rural y del 99,27% del total, y solo el 79,05% de los municipios superaba el 90% de cobertura 5G. La fibra alcanzaba al 95,92% de los hogares (88,95% en zonas rurales). El programa UNICO 5G Redes Activas movilizó 669,3 millones, ligeramente por debajo de los 680 millones prometidos.

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#152No cumplida

Territorio · P. 96

Aplicar el rural proofing: mirada rural obligatoria en leyes, presupuestos y planes

La 'mirada rural' obligatoria en todas las leyes, presupuestos y planes no se desarrolló. La Ley 27/2022 solo contiene un mandato para que el Gobierno 'impulse' un Mecanismo Rural de Garantía, y en septiembre de 2026 el secretario general para el Reto Demográfico reconocía en el Congreso que había que 'seguir avanzando' en él. La II Estrategia de 2026 lo incluye como una tarea pendiente ('actualizar los marcos normativos y reforzar las herramientas que permitan implementar el mecanismo'), sin que conste la norma o metodología que lo haga exigible.

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#154No cumplida

Territorio · P. 231

Aprobar una Ley de Cohesión Territorial y fomento de la colaboración

No consta que se llegara a aprobar ni a presentar un proyecto de ley estatal de cohesión territorial: la búsqueda en el BOE solo devuelve leyes forales navarras de presupuestos y normas sobre fondos de cohesión, y no consta iniciativa en el Congreso. En septiembre de 2023 el PNV ya advirtió de que la ley era 'la consagración del café para todos' y 'no va a tener los votos del PNV'. La legislatura terminó sin norma.

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#155En parte

Territorio · P. 232

Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y Estatuto de Municipios de Menor Población

El Real Decreto-ley 6/2023 introdujo cambios parciales en la Ley de Bases del Régimen Local, como el principio de diferenciación y la gestión colaborativa para municipios de menos de 20.000 habitantes, pero no la reforma en profundidad prometida. El Estatuto de Municipios de Menor Población tampoco se aprobó: en junio de 2026 la FEMP seguía reclamando 'un estatuto específico' para estos municipios.

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#156En parte

Territorio · P. 234

Aprobar en un año un nuevo sistema de financiación autonómica

El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el 4 de septiembre de 2026 el Acuerdo 1/2026, con un nuevo modelo dotado con 20.975 millones adicionales y aplicación prevista desde el 1 de enero de 2027. Llegó casi dos años después del plazo de un año fijado en el programa y no culminó: el modelo requería una ley y decayó con la disolución de las Cortes antes de llegar al Congreso. Hubo, por tanto, un avance sustancial, pero no la aprobación prometida en plazo.

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#157No cumplida

Territorio · P. 234

Debatir que la inversión pública en Sanidad sea al menos el 7% del PIB, Educación el 5% y Servicios Sociales el 2%

Ninguno de los tres mínimos se alcanzó: en 2024 el gasto sanitario público fue del 6,4% del PIB (objetivo 7%), el educativo del 4,48% (objetivo 5%) y el de servicios sociales del 1,75% (objetivo 2%). El nuevo modelo de financiación acordado en 2026 no fijó esos porcentajes y decayó sin ley. La promesa de abrir un debate para elevar la inversión a esos niveles no se tradujo en el resultado comprometido.

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#158No cumplida

Energía y clima · P. 56

Establecer requisitos de eficiencia energética y suministro renovable para centros de datos y otras tecnologías intensivas en energía

El Gobierno solo llegó a tramitar un proyecto de real decreto: el texto se sometió a audiencia e información pública en 2026 y no figura entre la normativa vigente de centros de datos del MITECO. El Real Decreto-ley 7/2026 se limita a habilitar un futuro real decreto para fijar esos requisitos, de modo que al final de la legislatura no había una norma aprobada que los impusiera.

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#160En parte

Energía y clima · P. 74

Ley para identificar áreas idóneas para renovables con CCAA y entidades locales

El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, creó y reguló las Zonas de Aceleración Renovable (ZAR) para seleccionar áreas con menor impacto ambiental. Sin embargo, la designación concreta de esas zonas quedó pendiente de un real decreto de desarrollo que en abril de 2026 seguía en consulta pública, por lo que la identificación efectiva de áreas no se completó.

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#161Cumplida

Energía y clima · P. 74

Aprobar el 7º Plan General de Residuos Radioactivos, incluyendo el desmantelamiento ordenado y progresivo de centrales nucleares

El Consejo de Ministros aprobó el 7º Plan General de Residuos Radiactivos el 27 de diciembre de 2023 y el acuerdo se publicó en el BOE el 8 de enero de 2024. El plan incluye la política de gestión del combustible gastado, el desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares y el calendario de cierre de las centrales.

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#163Cumplida

Energía y clima · P. 75

Reforzar los bonos sociales térmico y eléctrico y desplegar la Estrategia contra la Pobreza Energética

El Gobierno aprobó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 el 17 de febrero de 2026, con 13 medidas. Además, el bono social eléctrico mantuvo el refuerzo temporal del 42,5% para vulnerables y del 57,5% para severos hasta el 31 de diciembre de 2026, y la estrategia mantuvo el bono térmico entre sus instrumentos.

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#165Cumplida

Energía y clima · P. 77

Crear un fondo estatal de contribución a la movilidad sostenible con financiación estable para el transporte público urbano y metropolitano

La Ley 9/2025 creó el Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO-FCPJ) para financiar costes operativos e inversiones del transporte público urbano e interurbano, incluido el metropolitano. La dotación se fija anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, con criterios estables y predecibles.

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#167En parte

Energía y clima · P. 81

Plan de electrificación de la Red de Carreteras del Estado para que cualquier vehículo eléctrico circule sin limitaciones

El Ministerio de Transportes puso en marcha en mayo de 2025 un programa piloto de estaciones de recarga ultrarrápida en áreas de servicio de la Red de Carreteras del Estado. En septiembre de 2026 el Gobierno presentó a audiencia pública un Marco de Acción Nacional de recarga, pero no consta aprobado un plan específico de electrificación de toda la red estatal.

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#168No cumplida

Energía y clima · P. 81

Plan estable de ayudas para la transición a vehículos de cero emisiones de transporte (camiones y autobuses)

No se aprobó un plan estable de ayudas para camiones y autobuses de cero emisiones. Las ayudas a la transformación de flotas fueron un programa puntual financiado con fondos PRTR y, según Anfac, España acumulaba más de dos años sin un programa específico de apoyo a la adquisición de vehículos industriales cero emisiones al cierre de la legislatura.

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#172No cumplida

Energía y clima · P. 87

Reconocer el derecho a un medio ambiente saludable y a la seguridad climática

No se aprobó ninguna norma que reconociera el derecho a un medio ambiente saludable y a la seguridad climática, ni la reforma constitucional que el PSOE incluyó en sus resoluciones del 41º Congreso. La propia presidenta del PSOE admitió en diciembre de 2024 que esa reforma «no es hoy posible», y la reforma constitucional de 2026 se limitó al artículo 69.3, para que Formentera elija senador propio.

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#173Cumplida

Energía y clima · P. 88

Revisar periódicamente al alza los compromisos climáticos de España

El Gobierno aprobó en septiembre de 2024 la actualización del PNIEC 2023-2030, que elevó la reducción de emisiones para 2030 del 23% al 32% respecto a 1990, las renovables del 42% al 48% sobre energía final y la generación renovable del 74% al 81%. La revisión se publicó en el BOE mediante el Real Decreto 986/2024 y supone una revisión al alza de los compromisos climáticos.

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#176En parte

Energía y clima · P. 91

Duplicar en 2027 la capacidad de las desaladoras y duplicar la reutilización de agua

El Gobierno rebajó en 2024 su propio objetivo de desalación a un aumento del 20% antes de final de 2027, desde unos 500 hm³ anuales, muy lejos de duplicar la capacidad. Las actuaciones previstas suman unos 266 hm³ anuales adicionales y el objetivo de duplicar la reutilización se mantuvo hasta los 900 hm³, pero no consta que ninguno de los dos se hubiera alcanzado al cierre de la legislatura.

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#177No cumplida

Energía y clima · P. 91

Reformar la Ley de Aguas para blindar el derecho de acceso al agua

No se aprobó ninguna reforma de la Ley de Aguas que blindara el derecho ciudadano de acceso al agua. El análisis de las normas publicadas en el BOE entre noviembre de 2023 y octubre de 2026 no encuentra esa reforma; la modificación del texto refundido que se tramitó en la legislatura fue la del Real Decreto-ley 8/2023, centrada en el almacenamiento hidráulico de energía y las concesiones de centrales nucleares, no en el derecho de acceso.

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#178Sin corroborar

Energía y clima · P. 119

Nuevo programa de investigación e innovación en cambio climático, sequía y fenómenos meteorológicos extremos

No se localizó ninguna norma, convocatoria o acto oficial que creara el programa nuevo prometido. Existen programas y convocatorias que financian investigación sobre clima, sequía e incendios —el Plan Estatal 2024-2027, las Misiones de Ciencia e Innovación o proyectos del CSIC—, pero son instrumentos preexistentes o transversales, no el programa específico que anunciaba el programa electoral.

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#179Sin corroborar

Energía y clima · P. 119

Nuevo programa de investigación e innovación en energías renovables, alineado con el PERTE de Energías Renovables

No se encontró una norma o convocatoria que creara el programa específico prometido. El PERTE ERHA, el Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Verde y las convocatorias de TransMisiones o del CDTI financian I+D+i en renovables, pero son instrumentos anteriores o no equivalen al nuevo programa dedicado que se anunciaba.

Confianza Baja · 0 fuentesVer expediente
#180En parte

Energía y clima · P. 201

Plan de ayudas para cubrir gastos energéticos de pacientes con terapias electrodependientes

La Ley 3/2024 incluyó la electrodependencia como circunstancia especial para acceder al bono social eléctrico, elevando el umbral de renta, y el reglamento de 2026 creó la categoría de «suministro esencial» para que no se corte la luz a los hogares que la acrediten. Sin embargo, no se creó el plan específico de ayudas para cubrir sus gastos energéticos y las asociaciones denunciaban en 2025 que las tarifas reducidas «tampoco han llegado».

Confianza Media · 3 fuentesVer expediente
#181No cumplida

Energía y clima · P. 236

Promover un Pacto de Estado por la Garantía de los Derechos Medioambientales

No consta la firma del Pacto de Estado por la Garantía de los Derechos Medioambientales. La iniciativa de pacto climático que el Gobierno presentó en diciembre de 2025, que podía haber canalizado ese acuerdo, quedó interrumpida por la convocatoria electoral sin traducirse en un acuerdo parlamentario; los balances de octubre de 2026 confirman que el pacto no se materializó.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#182Cumplida

Derechos · P. 29

Convocar un grupo de trabajo para regular el acceso de menores a internet y redes sociales

El Ministerio de Juventud e Infancia creó en diciembre de 2023 un grupo de 50 expertos para analizar el impacto de la tecnología en los menores y diseñar un plan de protección; el grupo siguió asesorando al Gobierno en la materia. La promesa consistía en convocar ese grupo de trabajo, no en aprobar la regulación, y el grupo se constituyó y funcionó.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#183En parte

Derechos · P. 53

Integrar los postulados de la Carta de Derechos Digitales en el ordenamiento jurídico nacional e impulsar su extensión europea e internacional

El Gobierno impulsó la vertiente internacional con el primer Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, celebrado en Barcelona en mayo de 2026, y tramitó proyectos sectoriales sobre IA y protección de menores. Pero no aprobó una norma que integrara los postulados de la Carta en el ordenamiento nacional: el proyecto de ley de IA seguía en tramitación y la ley de menores decayó con la disolución de las Cortes.

Confianza Media · 3 fuentesVer expediente
#185En parte

Derechos · P. 87

Garantizar el acceso al agua para los consumidores vulnerables

La legislación y las prórrogas del escudo social prohíben cortar el agua a los consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2026, y el Real Decreto 3/2023 fija criterios para identificar a esos consumidores. Pero la OCU denunció en julio de 2025 que, 30 meses después de su entrada en vigor, las comunidades autónomas y los ayuntamientos seguían sin aplicar el artículo 11 de esa norma, de modo que la garantía efectiva no está generalizada.

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#189En parte

Derechos · P. 124

Completar el desarrollo del Estatuto del Artista

El Real Decreto 607/2026, de 22 de julio, sustituyó por completo el reglamento de 1985 y reguló el trabajo de los menores de 16 años, la coordinación de intimidad, la jornada y los derechos digitales de los artistas; se publicó en el BOE el 25 de julio. Pero dejó fuera la regulación de la IA en el contrato artístico y dos medidas de protección social para autónomos culturales quedaron en el aire con la disolución, por lo que el desarrollo no se completó.

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#190En parte

Derechos · P. 124

Programa de cine de verano en municipios sin salas de exhibición

El Ministerio de Cultura lanzó en mayo de 2026 'Cine Vecino', que lleva cine independiente gratis a hasta 200 entidades de municipios de menos de 10.000 habitantes sin sala de cine en 25 km, y en 2024 el 'Día del Cine Español Extendido' llegó a 300 localidades sin salas. Pero no se articuló un programa específico de cine de verano: 'Cine Vecino' es anual y se presentó al final de la legislatura.

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#191En parte

Derechos · P. 126

Enviar de nuevo al Congreso la ley que crea una Oficina de Derechos de Autor para proteger la propiedad intelectual

El Consejo de Ministros aprobó y remitió al Congreso el proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos el 27 de febrero de 2024, y el Pleno rechazó las enmiendas a la totalidad en junio de 2024. Pero el proyecto quedó encallado en ponencia y decayó con la disolución de las Cortes en octubre de 2026, sin que la Oficina llegara a existir.

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#194En parte

Derechos · P. 127

Reformar la Filmoteca Española y reconocerla como Bien de Interés Cultural

Se declaró Bien de Interés Cultural la Colección de la Escuela Oficial de Cine, custodiada por la Filmoteca Española, y se adjudicaron obras de accesibilidad en el Cine Doré para 2025. Pero no se declaró BIC a la Filmoteca en su conjunto ni consta una reforma institucional: la ley que debía reforzar ese reconocimiento, la Ley del Cine, decayó.

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#196En parte

Derechos · P. 149

Certificación para algoritmos e IA que respeten la ausencia de sesgos de género

No se creó el esquema de certificación prometido. En la legislatura se impulsó el anteproyecto de Ley de gobernanza de la IA (marzo de 2025), que no llegó a aprobarse, y la AESIA y el Instituto de las Mujeres firmaron en marzo de 2026 un convenio para detectar y corregir sesgos de género, pero sin un esquema público de certificación de algoritmos.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#197En parte

Derechos · P. 152

Crear Unidades de Valoración Forense y Juzgados especializados en Violencia contra la Mujer en todo el territorio

Los juzgados especializados existen en todos los partidos judiciales: a 31 de diciembre de 2024 había 435 juzgados con competencia en violencia sobre la mujer (121 exclusivos y 314 compatibles). Las Unidades de Valoración Forense Integral, en cambio, no cubren todo el territorio: el Ministerio de Justicia contaba con 24 UVFI y la Fiscalía denunciaba en 2025 diferencias territoriales, falta de equipos y retrasos; no hay UVFI en varias provincias.

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#198No cumplida

Derechos · P. 153

Extender hasta los 26 años el acceso a recursos socioeconómicos como víctimas directas para hijos e hijas de mujeres asesinadas por violencia de género

No se aprobó una extensión estatal hasta los 26 años. El Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, mejoró el importe de la pensión de orfandad por violencia de género, pero mantuvo el requisito de ser menor de 21 años en el momento del asesinato; la ampliación hasta los 26 años se aprobó en Andalucía con efectos de 1 de enero de 2026, no en el conjunto del Estado.

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#200No cumplida

Derechos · P. 158

Abolir la prostitución con una ley que prohíba el proxenetismo en todas sus formas, incluida la tercería locativa

El PSOE registró en marzo de 2024 una proposición de ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, incluida la tercería locativa, pero el Congreso rechazó su toma en consideración el 21 de mayo de 2024 por 122 votos a favor, 184 en contra y 36 abstenciones. La iniciativa decayó y no se aprobó ninguna ley abolicionista.

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#201En parte

Derechos · P. 159

Actuar contra las agencias que promocionan la gestación subrogada mediante medidas legislativas

La Ley Orgánica 1/2023 ya prohíbe la promoción comercial de la gestación por sustitución y legitima a las administraciones para pedir su cese judicial. En enero de 2025 el Instituto de las Mujeres envió a la Abogacía del Estado un informe con 334 quejas contra ocho agencias para que iniciara acciones legales, pero no se aprobó una ley nueva en la legislatura ni consta que las agencias hayan cesado su actividad.

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#206Cumplida

Derechos · P. 176

Considerar la teleasistencia como derecho subjetivo en colaboración con las CCAA y actualizar el Plan de Choque en Dependencia

La Ley 4/2026, de 1 de octubre, modificó la Ley 39/2006 y reconoció que las personas en situación de dependencia tienen derecho a recibir teleasistencia con independencia del resto de prestaciones, en cualquier grado y como servicio complementario del PIA. La reforma, aprobada en el Congreso el 16 de septiembre de 2026 y en vigor desde el 23 de octubre, se suma al refuerzo financiero del sistema aprobado en 2025-2026.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#207En parte

Derechos · P. 176

Impulsar una prestación para personas electrodependientes que cubra el coste energético del soporte vital

La Ley 3/2024 incluyó a las personas electrodependientes entre los consumidores vulnerables que pueden acogerse al bono social eléctrico, pero no creó una prestación específica que cubra el coste del soporte vital. En julio de 2026 Sanidad seguía tramitando el real decreto que define la electrodependencia y crea el certificado y el registro estatal, trámite necesario para aplicar esa protección.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#209En parte

Derechos · P. 178

Poner en marcha un plan nacional de alfabetización digital de personas mayores con CCAA y ayuntamientos

España cuenta desde 2021 con el Plan Nacional de Competencias Digitales, que incluye a las personas mayores entre los colectivos prioritarios, y dentro de él se han financiado programas específicos como Conecta2, de formación digital para mayores. No consta, sin embargo, un plan nacional dedicado exclusivamente a la alfabetización digital de las personas mayores y articulado con CCAA y ayuntamientos como el prometido.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#210Cumplida

Derechos · P. 182

Consolidar el IMV y el Complemento de Ayuda a la Infancia hasta llegar a al menos un millón de niños, niñas y adolescentes

En julio de 2026 el IMV llegaba a 2.682.646 personas en 879.225 hogares y 1.089.965 niños, niñas y adolescentes eran beneficiarios, casi el 41% del total, por encima del millón fijado. El Complemento de Ayuda a la Infancia alcanzaba a 613.088 hogares, con cuantías de 115 euros para menores de 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años y 57,5 euros entre 6 y 18 años. El objetivo cuantitativo de cobertura infantil se cumplió.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#211En parte

Derechos · P. 189

Culminar la integración de prestaciones no contributivas en torno al IMV, con prestaciones complementarias y mejoras en requisitos y cuantías

El IMV y el Complemento de Ayuda a la Infancia se ampliaron: en julio de 2026 el IMV cubría a 2,68 millones de personas y el CAPI a 613.088 hogares, y las cuantías se revalorizaron. Pero no consta una norma que culminara la integración de las pensiones no contributivas en el IMV: en 2026 siguen siendo prestaciones distintas, con requisitos y gestión propios, y la Seguridad Social las computa como ingresos del IMV. Hubo avances en la cobertura y en las prestaciones complementarias, pero no la integración prometida.

Confianza Media · 3 fuentesVer expediente
#212En parte

Derechos · P. 190

Erradicar el sinhogarismo de calle en 2030 desarrollando el Acuerdo Marco y la Estrategia Nacional

El Acuerdo Marco se aprobó en enero de 2023 y la Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo 2023-2030 en el Consejo de Ministros del 11 de julio de 2023, con un informe de progresos en 2024. Sin embargo, el objetivo de erradicación no está en trayectoria: el INE estima que 34.145 personas se alojaron de media diaria en centros de atención en 2024, un 57,5% más que en 2022. Los instrumentos existen, pero el resultado prometido no se está alcanzando.

Confianza Alta · 3 fuentesVer expediente
#213Cumplida

Derechos · P. 192

Aprobar un marco común de Atención Temprana de 0 a 6 años y reconocer por ley su derecho subjetivo

La Ley 4/2026, de 1 de octubre, publicada en el BOE el 3 de octubre, reconoce la atención temprana como derecho subjetivo para los niños y niñas de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos. El Ministerio de Derechos Sociales explica que las familias podrán exigir el tratamiento a su administración autonómica sin depender de disponibilidad presupuestaria o de plazas. La ley entró en vigor el 23 de octubre de 2026.

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#214Cumplida

Derechos · P. 192

Culminar la reforma del artículo 49 de la Constitución sobre derechos de las personas con discapacidad

La reforma del artículo 49 se aprobó en el Congreso el 18 de enero de 2024 y en el Senado el 25 de enero, y se publicó en el BOE el 17 de febrero de 2024. Sustituyó la expresión 'disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos' por la de personas con discapacidad y adaptó el precepto a la Convención de la ONU. Es la tercera reforma constitucional y la primera de contenido social.

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#215En parte

Derechos · P. 193

Crear el Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal

La Ley 4/2026 creó un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, no un Fondo Estatal, para sufragar total o parcialmente actuaciones de accesibilidad en entornos y servicios públicos. El programa se financia con una aportación anual de los Presupuestos Generales del Estado, las multas por falta de accesibilidad y cantidades patrimoniales. El instrumento y la financiación existen, pero la figura creada es un programa y no el fondo prometido, y no consta una dotación inicial concreta.

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#216Cumplida

Derechos · P. 193

Crear un nuevo Centro Estatal de Accesibilidad Cognitiva

El Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG) existe y funciona como servicio público del Real Patronato sobre Discapacidad, dedicado a investigar, formar y promover la accesibilidad cognitiva en las Administraciones. Su creación legal se produjo por la Ley 6/2022, de 31 de marzo, y el centro está en funcionamiento, con web y actividad propia en 2026. Es la institución que la propuesta reclamaba, aunque su creación es anterior al programa del 23J.

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#217Sin corroborar

Derechos · P. 195

Crear el Observatorio de la Inclusión Digital

No encontré constancia de la creación de un organismo llamado Observatorio de la Inclusión Digital ni en el BOE ni en las páginas oficiales de España Digital 2026, el Ministerio de Transformación Digital o Derechos Sociales. El Gobierno sí cuenta con el Observatorio de Derechos Digitales (Red.es) y con el ONTSI, pero son iniciativas anteriores y de objeto más amplio, no el observatorio específico prometido. Sin una fuente que acredite su creación o su ausencia definitiva, no procede afirmar ni el cumplimiento ni el incumplimiento.

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#218Cumplida

Derechos · P. 195

Impulsar una Estrategia Nacional contra la soledad no deseada

El Consejo de Ministros aprobó el 24 de febrero de 2026 el primer Marco Estratégico Estatal de Soledades 2026-2030, con objetivos y líneas de actuación para detectar y combatir la soledad no deseada. La estrategia se aprobó junto con una Mesa Interinstitucional de Soledades y un sistema estatal de indicadores. Es la primera estrategia nacional sobre esta materia.

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#219Cumplida

Derechos · P. 210

Aprobar una ley que regule los servicios de atención a la clientela, con reclamaciones resueltas en menos de quince días y esperas telefónicas máximas de tres minutos

La Ley 10/2025, de 26 de diciembre, publicada en el BOE el 27 de diciembre, regula los servicios de atención a la clientela y fija un plazo máximo de 15 días hábiles para resolver consultas, quejas y reclamaciones. También exige que el 95% de las solicitudes de atención personalizada se atiendan, de media, en menos de tres minutos, y prohíbe cortar la comunicación por tiempo de espera. La ley se aplica a las empresas de servicios básicos de interés general y a las grandes empresas.

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#220No cumplida

Derechos · P. 210

Aprobar la ley de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero con resoluciones vinculantes

El proyecto de ley de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero seguía en tramitación en el Congreso en septiembre de 2026 y el Gobierno anunció en julio que la retomaría en septiembre. La disolución de las Cortes del 5 de octubre de 2026 hizo decaer la iniciativa, que ya había fracasado por el adelanto electoral de 2023. No se aprobó la ley ni se puso en marcha la autoridad.

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#221No cumplida

Derechos · P. 215

Tipificar las terapias de conversión como delito en el Código Penal

El Congreso aprobó el 25 de junio de 2026 la proposición de ley orgánica que reformaba el Código Penal para castigar las terapias de conversión con penas de seis meses a dos años de prisión. El texto pasó al Senado, pero no completó su tramitación antes de la disolución de las Cortes del 5 de octubre de 2026. La ley decayó y las prácticas siguen siendo solo una infracción administrativa.

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#223Cumplida

Derechos · P. 217

Aprobar un Plan contra el Racismo alineado con el plan de acción de la UE

El Consejo de Ministros aprobó el 4 de julio de 2023 el Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027, el plan nacional contra el racismo. El documento se alinea expresamente con el Plan de Acción de la Unión Europea Antirracismo 2020-2025 y con otros compromisos europeos e internacionales. El plan se aprobó antes de las elecciones del 23J, pero es el instrumento que la propuesta reclamaba.

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#224No cumplida

Derechos · P. 235

Blindar derechos como fundamentales para que no puedan ser derogados por mayorías coyunturales

La promesa exigía una reforma constitucional para elevar esos derechos a fundamentales y blindarlos frente a mayorías parlamentarias, pero no se aprobó ninguna reforma con ese objeto. La reforma constitucional aprobada en materia de derechos fue la del artículo 49, sobre discapacidad, que era una promesa distinta. El intento de blindar el aborto mediante un nuevo apartado del artículo 43 se quedó en tramitación y caducó con la disolución de las Cortes el 6 de octubre de 2026.

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#225Cumplida

Derechos · P. 235

Reformar el artículo 49 de la Constitución para suprimir el término "disminuidos"

La reforma del artículo 49 se aprobó en el Congreso el 18 de enero de 2024 y en el Senado el 25 de enero, se sancionó el 15 de febrero y se publicó en el BOE el 17 de febrero de 2024. El nuevo texto sustituye la expresión "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos" por "personas con discapacidad" y refuerza la protección constitucional de sus derechos. La reforma entró en vigor el mismo día de su publicación.

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#226Cumplida

Derechos · P. 235

Aprobar la ley de representación paritaria de mujeres y hombres

La Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres se publicó en el BOE el 2 de agosto de 2024 y entró en vigor el 22 de agosto. La norma impone listas electorales con alternancia entre sexos y una presencia mínima del 40 % del sexo menos representado en consejos de administración, órganos constitucionales y altos cargos, con plazos graduales hasta 2029. La ley se aprobó y publicó, aunque su despliegue en las empresas es gradual.

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#227Cumplida

Derechos · P. 236

Poner en marcha la Autoridad Independiente para la Igualdad de trato y la no discriminación

La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación quedó puesta en marcha con el nombramiento de María Teresa Verdugo como presidenta en mayo de 2025 y su toma de posesión en junio. El Consejo de Ministros aprobó su Estatuto el 21 de julio de 2026 y el BOE lo publicó el 25 de julio, con entrada en vigor el 26 de julio; el texto fija funciones, estructura y régimen de personal. La Autoridad pudo iniciar su actividad antes de la disolución de las Cortes.

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#228En parte

Derechos · P. 252

Completar el Plan de Exhumaciones de fosas comunes localizadas antes de final de legislatura, y crear Banco Estatal de ADN y Registro de víctimas

El I Plan de Exhumaciones recuperó 8.941 cuerpos, casi la mitad de los 20.000 que Aranzadi estimó exhumables, y el II Plan (2025-2028) seguía en marcha cuando se disolvieron las Cortes, por lo que no se cumplió el objetivo de exhumar todas las fosas localizadas al final de la legislatura. El Banco Estatal de ADN se reguló por real decreto en octubre de 2026, con entrada en vigor aplazada a abril de 2027, por lo que su puesta en marcha no se completó antes del final de la legislatura. El Registro y Censo de Víctimas seguía en revisión técnica interna, con 510.857 registros y duplicidades reconocidas.

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#229Cumplida

Derechos · P. 253

Impulsar la extinción de fundaciones y la ilegalización de asociaciones que hagan apología del franquismo

La Ley Orgánica 3/2025, de 27 de junio, añadió a la Ley de Asociaciones la disolución judicial de las asociaciones que hagan apología del franquismo y se publicó en el BOE el 28 de junio de 2025. El Gobierno llevó además a la justicia la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco: el Ministerio de Cultura firmó la resolución el 14 de abril de 2026 y la Abogacía del Estado quedó encargada de presentar la demanda. La extinción definitiva quedó pendiente de sentencia, pero el impulso legal y judicial prometido se materializó.

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#230En parte

Derechos · P. 253

Culminar la resignificación del Valle de Cuelgamuros y crear un centro de interpretación

El proyecto "La base y la cruz" ganó en noviembre de 2025 el concurso para resignificar Cuelgamuros e incluye un centro de interpretación, pero las obras no habían comenzado: el Gobierno preveía iniciarlas en 2027, con cuatro años de ejecución y 26 millones de euros. El centro de interpretación no se construyó y el adelanto electoral dejó el proyecto en el aire. Sí continuaron las exhumaciones en las criptas, con 458 restos hallados y 21 víctimas identificadas a noviembre de 2025.

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#231En parte

Derechos · P. 253

Crear un gran Centro de la Memoria Democrática

El Gobierno eligió en marzo de 2025 el edificio de Argumosa 41 (Madrid) para un Centro de Exposiciones de la Memoria Democrática y en enero de 2026 adjudicó el contrato de redacción del proyecto de rehabilitación. Pero no era el "gran Centro" que prometió el PSOE ni el Centro de la Memoria Democrática previsto en el artículo 58 de la Ley 20/2022: el propio Ministerio admitió que no se trataba del museo legal, y no consta que el centro se construyera ni abriera al acabar la legislatura. El Ayuntamiento de Madrid además disputaba el uso del inmueble para vivienda.

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#234Cumplida

Justicia · P. 54

Crear bancos de pruebas regulatorios para sistemas de inteligencia artificial

El Gobierno lanzó en diciembre de 2024 la primera convocatoria del Sandbox de IA y en abril de 2025 seleccionó 12 sistemas de alto riesgo entre 44 solicitudes. Los participantes iniciaron un programa de un año con formación, evaluación y adaptación al Reglamento europeo de IA. El banco de pruebas regulatorio quedó así creado y en funcionamiento.

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#235No cumplida

Justicia · P. 55

Desarrollar la Ley de Ciberseguridad para proteger la información de los servicios públicos electrónicos

El Consejo de Ministros aprobó el 14 de enero de 2025 el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, que transpone la directiva NIS2 y crea el Centro Nacional de Ciberseguridad. En septiembre de 2026 el texto seguía en fase gubernamental, pendiente de aprobación como proyecto de ley y de envío al Congreso. No se aprobó ninguna ley antes de la disolución de las Cortes, por lo que la promesa no se materializó.

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#236En parte

Justicia · P. 96

Rehabilitar energéticamente al menos 160 cuarteles de la Guardia Civil en municipios rurales

La Guardia Civil y SEGIPSA cifran en 74 las actuaciones de rehabilitación energética de acuartelamientos dentro del PRTR, con una contribución europea de 83,2 millones de euros y 123.554 m² renovados. Es un avance real, pero queda lejos del objetivo de al menos 160 cuarteles rurales. No se localizó un balance que acredite haber alcanzado los 160.

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#237Cumplida

Justicia · P. 120

Asesoramiento científico al Gobierno y al Parlamento para las políticas públicas

La Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC) se creó en febrero de 2024 y se presentó en junio, con una red de asesores científicos en los ministerios, estancias, becas y una unidad de apoyo en el CSIC. La oficina está operativa y publica informes y recomendaciones para las políticas públicas. El Congreso cuenta además con su Oficina de Ciencia y Tecnología para el asesoramiento parlamentario.

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#238Cumplida

Justicia · P. 146

Aprobar la Ley Orgánica de Representación Paritaria con objetivo del 40% de mujeres en órganos de dirección y listas cremallera

La Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, se publicó en el BOE el 2 de agosto de 2024 y entró en vigor el 22 de agosto. Introduce listas cremallera y exige al menos un 40% del sexo menos representado en los consejos de administración de sociedades cotizadas y entidades de interés público, con plazos graduales. También refuerza la paridad en órganos constitucionales, altos cargos y colegios profesionales.

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#239Sin corroborar

Justicia · P. 154

Reforzar la presencia policial en zonas rurales, con unidades de apoyo judicial y policial y ventanilla única

La promesa incluía reforzar la presencia policial en zonas rurales con unidades de apoyo judicial y policial en pequeños municipios y una ventanilla única. No se localizó una norma, presupuesto o balance que acredite la creación de esas unidades ni la ventanilla única rural. Los resultados encontrados se refieren a programas genéricos de seguridad rural o de infraestructuras, no a esta medida concreta.

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#240En parte

Justicia · P. 157

Elaborar una iniciativa legislativa para impedir el acceso de menores a la pornografía en internet

El Gobierno aprobó el anteproyecto en junio de 2024 y remitió a las Cortes el proyecto de ley orgánica en marzo de 2025; el texto tipificaba como delito poner material pornográfico a disposición de menores y obligaba a sistemas de verificación de edad. La ponencia seguía trabajando en septiembre de 2026 y la ley decayó con la disolución de las Cortes, sin aprobarse.

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#241En parte

Justicia · P. 184

Convocar un grupo de trabajo con el sector privado y expertos para regular el acceso de menores a internet y redes sociales

El Consejo de Ministros creó en enero de 2024 un Comité de personas expertas con naturaleza de grupo de trabajo, que entregó en 2024 un informe con 107 medidas para un entorno digital seguro. En paralelo, el Gobierno tramitó un anteproyecto de ley, pero el grupo no fue un espacio tripartito con el sector privado: la participación empresarial se canalizó por la consulta pública.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#242En parte

Justicia · P. 184

Desarrollar un plan nacional de casas de niños (Barnahus) para atender a menores víctimas de violencia y abuso sexual

El Gobierno se comprometió formalmente con el modelo Barnahus y, con el Consejo de Europa, elaboró una Hoja de Ruta Nacional y hojas autonómicas; en marzo de 2024 había 13 Barnahus en Cataluña y servicios parciales en Madrid, con aperturas previstas en otras comunidades. El despliegue avanzaba, pero seguía limitado a parte del territorio y no había culminado al final de la legislatura.

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#244En parte

Justicia · P. 239

Aumentar agentes y medios contra la violencia de género y potenciar el sistema VioGén

VioGén 2 y el Protocolo 2025 se presentaron en enero de 2025, con nuevos indicadores de riesgo, interconexión de bases de datos y cuatro niveles de riesgo. En junio se ordenó un refuerzo estival de la protección a las víctimas. Son mejoras reales de medios técnicos y operativos, pero no se localizó un aumento estructural y cuantificado de agentes dedicados a violencia de género.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#245No cumplida

Justicia · P. 243

Aprobar la Ley de Lobbies con registro público y gratuito de grupos de interés

El Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, que regulaba los grupos de interés y creaba un registro público y gratuito, y se publicó en el BOE el 26 de agosto. El Congreso acordó su derogación el 16 de septiembre de 2026, publicada el 18, por lo que la norma no llegó a consolidarse. La Ley de Lobbies no se aprobó.

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#246No cumplida

Justicia · P. 246

Defender la supresión de aforamientos en casos ajenos al ejercicio del cargo

No se aprobó ninguna reforma para suprimir los aforamientos de los cargos públicos. El anteproyecto de reforma constitucional de 2018 decayó con el adelanto electoral de 2019 y, ya en la XV legislatura, la propuesta siguió congelada: Europa Press la describía en diciembre de 2024 como aparcada y Newtral constataba en mayo de 2025 que no se había presentado ninguna iniciativa nueva. Seis comunidades autónomas suprimieron los aforamientos de sus diputados y gobiernos regionales, pero no el Estado.

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#247En parte

Justicia · P. 247

Reformar la legislación electoral para hacer obligatorios los debates electorales

El Gobierno remitió al Congreso en julio de 2025 un proyecto de ley para obligar a los medios públicos a celebrar al menos un debate en cada campaña, pero la iniciativa caducó con la disolución de las Cortes en octubre de 2026 sin aprobarse. La LOREG sigue sin obligar a organizar debates ni a que los candidatos acudan a ellos. El avance fue real pero parcial: el texto se limitaba a los medios públicos y nunca llegó a ser ley.

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#248En parte

Justicia · P. 248

Incrementar el número de jueces y fiscales para acercarse a las ratios de la UE

El Gobierno creó en julio de 2026 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales, con aumentos del 8,5% y del 7,13% de las respectivas plantillas. Sin embargo, el ratio seguía en 11-12 jueces por 100.000 habitantes frente a los 17-21 de la media europea, por lo que el acercamiento a las ratios de la UE fue limitado. La plantilla aumentó, pero el objetivo de aproximarse a la media europea no se alcanzó.

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#250No cumplida

Justicia · P. 250

Ley integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos

El Consejo de Ministros aprobó el 8 de marzo de 2024 un anteproyecto de ley orgánica integral contra la trata, que se sometió a audiencia pública, pero no consta que se remitiera a las Cortes como proyecto de ley. En septiembre de 2026 la reforma seguía pendiente y España había incumplido el plazo europeo de transposición, fijado el 15 de julio de 2026. No se aprobó la ley integral prometida.

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#251No cumplida

Justicia · P. 251

Aprobación urgente de la ley de Equipos Conjuntos de Investigación y Agentes encubiertos

La iniciativa del Gobierno se quedó en un anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2022, antes de las elecciones de 2023, que no llegó a convertirse en proyecto de ley. La Memoria 2026 de la Fiscalía seguía hablando de 'una eventual reforma de la Ley 11/2003, o una nueva ley' de equipos conjuntos, señal de que la norma no se había aprobado. La Ley 11/2003 sigue siendo el marco vigente y la aprobación urgente prometida no se produjo.

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#252Cumplida

Justicia · P. 251

Implementar nodos de interoperabilidad entre los sistemas de gestión procesal autonómicos

El Hub de Interoperabilidad Judicial (HIJ), integrado en Acceda-Justicia, permite la remisión de expedientes judiciales electrónicos entre órganos que usan distintos sistemas de gestión procesal. La guía oficial del Ministerio de Justicia, actualizada en septiembre de 2024, describe su funcionamiento, y en junio de 2022 el Ministerio ya había confirmado la interoperabilidad efectiva entre todos los sistemas autonómicos. El diálogo tecnológico entre sistemas que prometía la propuesta está operativo.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#253Cumplida

Justicia · P. 252

Poner en funcionamiento la Autoridad Independiente de protección del informante

La Ley 2/2023 creó la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Real Decreto 1101/2024 aprobó su Estatuto. La Orden PJC/908/2025 fijó el 1 de septiembre de 2025 como fecha de puesta en funcionamiento, y la AIPI ya opera con sede electrónica, canal de denuncias, memoria anual y plan de actuación para 2026. La autoridad independiente prometida quedó puesta en marcha.

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#254Cumplida

Exterior y defensa · P. 34

Impulsar una reforma de las reglas fiscales europeas basada en planes nacionales

La reforma de las reglas fiscales europeas se aprobó: el Consejo adoptó el paquete legislativo el 29 de abril de 2024 y el nuevo marco entró en vigor el 30 de abril. El sistema pasó a articularse en torno a planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo, con objetivos de gasto, reformas e inversiones. España tuvo un papel destacado en su definición y negociación, y la Comisión validó su plan fiscal en noviembre de 2024.

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#255No cumplida

Exterior y defensa · P. 35

Apoyar la candidatura de Madrid como sede de la Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales

El Gobierno apoyó la candidatura de Madrid, pero el Consejo y el Parlamento Europeo eligieron Frankfurt como sede de la AMLA el 22 de febrero de 2024. Madrid quedó fuera de la votación y la agencia se instaló en Frankfurt, con más de 400 trabajadores y previsión de operar desde 2025. El objetivo de que la sede estuviera en Madrid no se cumplió.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#256Cumplida

Exterior y defensa · P. 35

Apoyar la conclusión de los acuerdos comerciales UE con Chile, México y Mercosur

Los tres acuerdos en marcha se concluyeron. El UE-Chile entró en vigor el 1 de febrero de 2025; el UE-México se firmó en mayo de 2026 y el Parlamento Europeo lo ratificó en julio; y el UE-Mercosur se firmó en enero de 2026 y se aplica provisionalmente desde el 1 de mayo de 2026. El objeto del apoyo prometido se cumplió en los tres casos.

Confianza Alta · 3 fuentesVer expediente
#257Sin corroborar

Exterior y defensa · P. 36

Promover en la ONU una Agencia Internacional de Seguridad y Derechos Digitales con sede en España

No se localizó ninguna fuente que documente que España llevara a la Asamblea General de la ONU una propuesta formal para crear una Agencia Internacional de Seguridad y Derechos Digitales con sede en España, ni que esa agencia exista. Las iniciativas digitales posteriores —un grupo de trabajo multilateral propuesto en 2026, el centro digital de la ONU en Valencia o el laboratorio de gobernanza de la IA— son instrumentos distintos y no equivalen a la agencia prometida.

Confianza Baja · 0 fuentesVer expediente
#258En parte

Exterior y defensa · P. 67

Defender ante la UE mayor control de importaciones agrarias con los mismos estándares que los productores europeos

España defendió las cláusulas espejo, pero en febrero de 2024 el ministro Planas dio por perdida la negociación al no haber mayoría cualificada en el Consejo. El acuerdo UE-Mercosur firmado en 2026 incluye salvaguardias, controles reforzados y compromisos medioambientales y laborales, pero no un régimen general de cláusulas espejo para todas las importaciones. Hubo avances parciales, no el control homologado que se prometía.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#259Cumplida

Exterior y defensa · P. 127

Plan de actuación para la internacionalización de la cultura española, con acceso a EE. UU. y América Latina

El Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior (PNACE) se presentó el 29 de mayo de 2026, con la marca «España Cultura Viva» y áreas estratégicas que incluyen América Latina, Norteamérica y Asia. El plan contempla presencia en EE. UU. y América Latina y una oficina de exportación de la música, entre otras medidas. Llegó con retraso —se había anunciado para después del verano de 2025 y su periodo quedó en 2026-2028—, pero se aprobó y puso en marcha.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#260Cumplida

Exterior y defensa · P. 128

Reforzar el peso de España en la UNESCO

España fue reelegida miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO en noviembre de 2023, con 154 votos y un mandato de cuatro años, y en 2025 acogió en Barcelona la conferencia mundial MONDIACULT, con 163 países y 118 ministros. Son dos hitos concretos que reforzaron su posición en la organización. La promesa era genérica, pero se tradujo en presencia institucional y en la organización de un foro central.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#261En parte

Exterior y defensa · P. 178

Apoyar la creación de una Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores en Naciones Unidas

España apoyó desde el inicio la Convención y participó en el grupo intergubernamental; el Consejo de Derechos Humanos aprobó en abril de 2025 la resolución para iniciar su redacción y la primera reunión sustantiva se celebró en Ginebra en julio de 2026. A noviembre de 2026 la Convención sigue en negociación y no se ha adoptado. El apoyo se prestó, pero el resultado prometido no se completó.

Confianza Alta · 1 fuenteVer expediente
#262En parte

Exterior y defensa · P. 260

Impulsar la toma de decisiones en política exterior y de seguridad común de la UE por mayoría cualificada

España firmó con otros diez Estados una carta en septiembre de 2026 para ampliar el uso de la mayoría cualificada en la PESC, y el Gobierno mantuvo la reivindicación. Pero la regla sigue siendo la unanimidad y no se aprobó ninguna reforma de los tratados ni un cambio decisorio. Hubo impulso diplomático, no el cambio prometido.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#264Cumplida

Exterior y defensa · P. 260

Buscar un acuerdo sobre Gibraltar que cree una zona de prosperidad compartida, respetando la posición jurídica española sobre soberanía

El acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar se firmó el 14 de julio de 2026 y se aplica desde el 15 de julio; elimina la verja, regula la libre circulación y crea un marco de prosperidad compartida para Gibraltar y el Campo de Gibraltar. España mantuvo intacta su reclamación de soberanía, como exigía la promesa. El objetivo se cumplió.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#265En parte

Exterior y defensa · P. 261

Caminar hacia el 0,7% de la RNB en Ayuda Oficial al Desarrollo en 2030, destinando el 10% a ayuda humanitaria

La AOD española subió del 0,24% de la RNB en 2024 al 0,27% en 2025, pero sigue muy lejos del 0,7% fijado para 2030; además, más del 15% de esos fondos se consideró «ayuda inflada». El compromiso de destinar el 10% a ayuda humanitaria no consta alcanzado. Hay avance, pero insuficiente para la trayectoria prometida.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#266Cumplida

Exterior y defensa · P. 262

Aprobar un nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes y el Fondo Español de Desarrollo Sostenible

El nuevo Estatuto de las personas cooperantes se aprobó por Real Decreto 708/2024 y se publicó en el BOE el 24 de julio de 2024. El Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES), que sustituye a FONPRODE, se aprobó en el Consejo de Ministros de 16 de septiembre de 2025. Ambas piezas de la promesa quedaron aprobadas.

Confianza Alta · 2 fuentesVer expediente
#268Cumplida

Exterior y defensa · P. 264

Avanzar hacia la ratificación de los acuerdos de la UE con Chile, México y Mercosur

Los tres acuerdos registraron avances sustanciales: el acuerdo comercial interino UE-Chile entró en vigor en febrero de 2025; la UE y México firmaron el Acuerdo Global Modernizado en mayo de 2026; y la UE y Mercosur firmaron sus acuerdos en enero de 2026, con entrada en vigor del acuerdo comercial el 1 de mayo. La ratificación de los acuerdos de asociación por los parlamentos nacionales sigue pendiente, pero la promesa era avanzar hacia ella, no culminarla.

Confianza Alta · 5 fuentesVer expediente
#269En parte

Exterior y defensa · P. 265

Adoptar una estrategia específica para la estabilidad y el desarrollo del Sahel

El Gobierno presentó en diciembre de 2024 la Estrategia España-África 2025-2028, que dedica un apartado específico a África Occidental y el Sahel, lo sitúa entre las zonas de atención preferente y recoge medidas de seguridad, cooperación y desarrollo. Sin embargo, no consta una estrategia dedicada exclusivamente al Sahel, sino su integración en una estrategia continental más amplia.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#270No cumplida

Exterior y defensa · P. 267

Promover una Ley de Nacionalidad que regule los derechos de ciudadanía de españoles en el exterior

No consta que se aprobara ninguna Ley de Nacionalidad. El Gobierno se apoyó en la Ley de Memoria Democrática y anunció el reglamento de desarrollo del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior (ley de 2006), mientras el Consejo General de la Ciudadanía Española seguía reclamando en abril de 2026 una reforma integral del Código Civil en materia de nacionalidad.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#271No cumplida

Exterior y defensa · P. 268

Completar los acuerdos de doble nacionalidad con Rumanía e Italia

No hay constancia de que se cerrara ninguno de los dos acuerdos. En febrero de 2025 España seguía negociando con Rumanía 'en un texto definitivo' y los rumanos residentes en España no podían acogerse a la doble nacionalidad; con Italia, el Gobierno italiano confiaba en julio de 2024 en que España firmara el acuerdo, que seguía pendiente.

Confianza Media · 2 fuentesVer expediente
#272Cumplida

Exterior y defensa · P. 269

Reforzar la participación española en los proyectos PESCO y las capacidades de defensa de la UE

España se mantuvo entre los países con mayor participación en PESCO: en 2024 participaba en 31 proyectos, casi la mitad del total, y lideraba cinco; en la sexta oleada de 2025 entró en dos nuevos proyectos (reabastecimiento aéreo no tripulado y un arma de energía dirigida con Italia). En 2026 seguía presente en alrededor de 30 de los 74 proyectos vivos.

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#274En parte

Exterior y defensa · P. 270

Impulsar el CETEDEX en Jaén con 220 M€ y 2.500 empleos

El CETEDEX abrirá su campus principal en diciembre de 2026, con una inversión anunciada de 220 millones de euros (222 millones según el anuncio inicial). Pero los empleos quedaron muy lejos del objetivo: en enero de 2026 solo se habían generado 64 empleos frente a los 2.500 del programa (2.600 en el anuncio de 2022), y la apertura se hará con un centenar de trabajadores; la plena operatividad se prevé para 2028.

Confianza Alta · 3 fuentesVer expediente
#275En parte

Exterior y defensa · P. 271

Construir la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba, con 1.600 puestos de trabajo

La base no está terminada: el Ministerio de Defensa adjudicó en agosto de 2026 las obras principales por 278,5 millones, con 36 meses de ejecución, y los trabajos de los primeros edificios debían empezar entre octubre y noviembre de 2026. La previsión es que empiece a funcionar a finales de 2028 y alcance pleno rendimiento en 2029; los 1.600 empleos son el objetivo futuro, no puestos ya creados.

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